Trece países de Latinoamérica, sin el concurso del gobierno de Nicolás Maduro, comenzaron el lunes a discutir fórmulas para regularizar a los migrantes venezolanos y obtener fondos externos para atender el éxodo desatado por la crisis en Venezuela.

El gobierno de Maduro, que niega la crisis migratoria que ha desbordado a la región, se marginó de la cita técnica de dos días convocada en Quito para hacer frente a los cientos de miles de venezolanos que huyen por el continente del grave deterioro económico en su país.

Otrora aliado de Caracas, el gobierno de Ecuador puso sobre la mesa de discusiones la necesidad de resolver la situación de los migrantes mediante un marco regulatorio común.

“Será muy importante (…) intentar propuestas para resolver la situación de cientos de miles de venezolanos que por diferentes razones no han tenido o no tienen acceso a un estatus migratorio laboral y regular en nuestros países”, dijo el canciller encargado de Ecuador, Andrés Terán.

En ese sentido, proclamó que la situación en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo derivó en una “crisis migratoria y humanitaria”.

Las personas que salieron de Venezuela “son altamente vulnerables a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral, la falta de acceso a la seguridad social, la extorsión, la violencia, el abuso sexual, el reclutamiento para actividades delictivas, la discriminación y la xenofobia”, manifestó Terán.

El encuentro en Quito reúne a delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La OEA también organizó para el 5 de setiembre a una reunión extraordinaria en Washington para tratar el fenómeno migratorio.

Más apoyo
Además de debatir un marco regulatorio común, América Latina pretende visibilizar el impacto que tiene en las finanzas de varios países la llegada masiva de migrantes.

El representante de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, celebró el esfuerzo de América Latina por afrontar de manera conjunta el fenómeno e instó a donantes de otros continentes a seguir aportando.

“Es importante agradecer a los donantes por su solidaridad e invitarlos a seguir apoyando (a resolver) esta crisis histórica de movilidad humana”, expresó Peral.

Crítico feroz del gobierno de Maduro, Estados Unidos ha desembolsado ayuda a Colombia y Brasil para atender a los venezolanos.

Mientras, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada recursos europeos por 35 millones de euros durante su visita a Bogotá, donde deslizó la propuesta de que América Latina establezca un sistema de cuotas de migrantes.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la escasez de medicinas y alimentos en su país en medio de una hiperinflación que pulveriza los salarios, según la ONU.

Colombia, Perú y Ecuador son los principales receptores del flujo migratorio, que se extiende a otras naciones sudamericanas, como Brasil.

Sin intervención militar
A excepción de Bolivia y Nicaragua, la mayoría de gobiernos en la región descalifican al gobierno de Maduro como una dictadura y lo culpan de la crisis que desencadenó en el éxodo.

Al mismo tiempo, como es el caso de Colombia, alientan una mayor presión internacional que dé paso a una transición democrática.

Precisamente este martes el presidente colombiano, Iván Duque, que recibirá a su homólogo Donald Trump a finales de noviembre, abogó de nuevo por una estrategia para “aislar diplomáticamente a Maduro”, pero se apartó de una eventual “intervención militar” encabezada por Estados Unidos.

El tema de Venezuela estará sobre la mesa en el encuentro de Duque y Trump, quien en el pasado evocó la posibilidad de una operación militar en Venezuela.

La migración de venezolanos es una de las más grandes de la historia de América Latina. La situación ha desbordado la capacidad de atención de los países, donde ya han aparecido brotes de xenofobia y violencia por enfrentamientos con la población local, como en el limítrofe estado brasileño de Roraima, donde militares reforzarán la seguridad por orden del gobierno.

El representante de la ONU en Ecuador confió en que la cita sirva también para buscar “acuerdos y soluciones que luchen contra la discriminación y la xenofobia” contra los migrantes venezolanos.