Con la demanda instaurada en el Consejo de Estado, se busca anular uno de los decretos del Gobierno en el que se presentan los mecanismos para realizar esta practica en el territorio nacional.

El Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, fue la organización que presentó la demanda, para eliminar el Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, en los que se establecen mecanismos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Colombia.

La denuncia se encuentra en la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazo, y se espera la decisión sobre medidas cautelares.

El director del Departamento de Derecho y del Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, Juan Pablo Sarmiento, señaló que la acción se presentó con el propósito de: “asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”.

La demanda tuvo que pasar por varias correcciones antes de ser admitida, cuando se logró reunir los requisitos legales para poder estudiar los pro y contras de la prohibición del decreto.

La acción adjunta estudios que comprueban los riesgos para la salud y las razones por las que la técnica del Fracking ha sido prohibida en diferentes regiones del mundo.

Daniela García, coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública MASP de la Universidad de los Andes y vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, señaló que: “Nunca habíamos estado tan cerca de cerrarle la puerta a estas actividades en Colombia. Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que nos movilicemos y respaldemos estas acciones jurídicas que buscan la defensa del agua, de la vida y del ambiente”.

Esta entidad le hizo un llamado tanto al presidente Iván Duque, como al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, para que: “de manera responsable apliquen el principio de precaución y no permitan esta nociva técnica en el territorio nacional”.

En ese sentido ya se había radicado un proyecto de ley en el Congreso de la Republica, en el mes de agosto, presentado por más de 30 senadores del Partido Conservador, Alianza Verde, Partido Liberal, Partido de la U, Decentes, Polo Democrático, Cambio Radical, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y MAIS con el objetivo de proteger el medio ambiente y los recursos hídricos del país.

Ante este panorama el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, pidió en agosto la suspensión de la práctica del fracking en el territorio colombiano, ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables, situación en la que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico y social.

“El país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking”, precisó Maya Villazón.

Según el jefe del organismo de control, actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante dicha técnica.

“Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”, aseguró el Contralor Maya Villazón al instalar el Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”.

Maya Villazón fue más allá e indicó que “Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

Recomendó mantener esta moratoria hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las características del subsuelo en cuento a la tectónica y sismicidad.

Con ello, explicó, se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han llevado adelante los proyectos en el país, con el propósito de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a esta técnica.

Ante estas incertidumbres ya algunos países han optado por declarar moratorias e incluso algunos definitivamente han prohibido la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, recordó el Contralor Maya Villazón.

La alusión del Contralor al tema del fracking surgió luego de comentar como, ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables, se han buscado opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico y social.

“Tal es el caso de las iniciativas para aplicar las técnicas de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, llamada comúnmente fracking, la cual surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías”, subrayó.