Este viernes el Consejo de Estado señaló que no se pueden ocupar las curules de aquellos congresistas electos y que por alguna circunstancia, no se posesionaron el pasado 20 de julio, sin que exista una sentencia en firme de pérdida de investidura contra suya.

Según este concepto se beneficiarían tanto Jesús Santrich como Aida Merlano, dos congresistas que por estar privados de la libertad no pudieron posesionarse en el Capitolio Nacional.

El Alto Tribunal señaló se debe conversar su curul en el Congreso, hasta que se decrete un fallo de pérdida de investidura en su contra, tanto en primera como en segunda instancia.

Ya el 4 de septiembre y tras demostrar que su campaña para las elecciones del 11 de marzo del 2018 vulneró, con la aquiescencia de ella, los topes máximos de financiación electoral, el Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura a la controvertida senadora Aida Merlano Rebolledo, elegida para el período constitucional 2018 – 2022.

El alto tribunal indicó que de acuerdo con la demanda, el presupuesto de la accionada para dicha campaña sobrepasó el monto máximo de gastos permitido para cada candidato, el cual fue establecido por el Consejo Nacional Electoral en poco más 884 millones de pesos.

Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado estableció que la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General de la Nación durante el allanamiento practicado el 11 de marzo del año que avanza en la sede de aquella campaña.

La Sala encontró que la señora Merlano Rebolledo estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y, por ende, tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018.