–Dos acuerdos fundamentales se lograron entre el gobierno y los partidos políticos en la segunda Mesa Técnica de lucha contra la corrupción: la congelación de los salarios de los actuales congresistas y de los altos funcionarios del ejecutivo nacional, mientras entra a regir en el 2022 un tope máximo de 25 salarios mínimos y la elimiminación de los privilegios de privación de libertad para los corruptos.

La Mesa Técnica fue liderada por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al término de la cual explicó las decisiones:

“Se acordó la congelación de salarios que propuso el partido Centro Democrático, con un tope de 25 salarios mínimos para todos los altos funcionarios del Estado, los cuales se congelarán a partir de esta reforma”.

Esto significa que, en el término de diez años, habrá “un ahorro superior a los 300 mil millones de pesos”, agregó la funcionaria.

La Jefa de la Cartera Política afirmó que acordaron acabar “con toda clase de privilegios que tiene que ver con la privación de la libertad para delitos contra la administración pública. Toda colaboración implica que tengan que devolver los dineros extraídos por temas de corrupción”.

La Mesa Técnica, de acuerdo con la Ministra Gutiérrez, ha avanzado en los cinco proyectos presentados por el Gobierno, el de la Fiscalía y los dos proyectos, cuyo texto se presentó este lunes.

Confirmó que a partir de este martes y durante toda esta semana, continuarán las jornadas de la Mesa con el fin de que “el viernes 14 tengamos los textos para presentarlos el próximo lunes 17 de septiembre”.

A la segunda Mesa Técnica, cuya finalidad es preparar un paquete legislativo consensuado de reformas para combatir la corrupción, asistieron, entre otros, la vicefiscal, María Paulina Riveros, voceros de los partidos políticos y del comité promotor de la Consulta Anticorrupción.

La exsenadora Claudia López, promotora la consulta anticorrupción, aseguró:

“No volveremos a ver nunca a un político o a un corrupto en un club ni en su casa, ni en Cespo; cualquiera sea la detención, ya sea preventiva o condenatoria, la pagará en un régimen carcelario común”.

También hizo énfasis en el acuerdo sobre la recuperación de los dineros que se pierdan por actos de corrupción.

Los condenados tendrán que reintegrar todos los recursos apropiados ilicitamente, indicó.