La Fiscalía General adelantó allanamientos a nueve inmuebles en Barranquilla, Soledad y Galapa – Atlántico, en los que operaban seis emisoras que no tenían los permisos de funcionamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y además interferían en la emisión de señales de la torre de control del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

De acuerdo con los análisis de las autoridades, estas emisoras representaban un riesgo extremo para las operaciones aéreas, por lo que fueron incautados los equipos de transmisión, antenas y otros equipos electrónicos que les permitían estar al aire.

Todos los elementos encontrados en los procedimientos realizados por peritos del CTI de la Fiscalía y de la ANE, fueron presentados por una fiscal de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Dirección de Violaciones contra los Derechos Humanos ante el Juzgado 18 Penal Municipal de control de garantías de Barranquilla, que impartió legalidad a los allanamientos y registros.

Las sedes de las cadenas radiales intervenidas son:
• Meises Estéreo 107.3 MHz, ubicada en Soledad (Atlántico).
• Benkos Estéreo 99.7 MHz, ubicada en el sector Carlos Meises, en Barranquilla.
• Barranquilla Estéreo 91.1 FM. Dos sedes fueron registradas en Barranquilla, una en el centro y en la carrera 40 con calle 53 donde funcionaban las antenas, equipos de transmisión y los estudios de emisión.
• Emisora 1220 AM. Intervenidos dos inmuebles, uno en Barranquilla donde estaba la antena de transmisión y otro en zona rural de Galapa (Atlántico), donde funcionaba una antena repetidora.
• Emisoras Unidas 720 AM. Allanados dos inmuebles en Barranquilla y Galapa (Atlántico), en los que tenían instaladas antenas de transmisión.
• Ribereña Estéreo 97.9 MHz, ubicada en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo (Magdalena).

Los investigadores del CTI recuperaron información importante que permitirá identificar a los propietarios de las emisoras que no cumplían con los parámetros del Ministerio de Tecnologías de la Información y afectaban las comunicaciones entre la torre del control de la terminal aérea y las tripulaciones de los vuelos que llegan o salen de Barranquilla.

La actividad ilegal detectada por la Fiscalía y la Agencia Nacional del Espectro es sancionada por el artículo 257 del Código Penal con penas de cuatro a 10 años de prisión; y administrativamente, la ley impone multas cercanas a los 11.000’000.000 (15.000 SMMLV) en el caso de personas jurídicas y 1.000’000.000 (2.000 SMMLV) para personas naturales.