–Es indudable que Bogotá necesita resolver el eterno y permanente trancón en el que se le va la vida a la ciudadanía, pero ni los gobiernos locales, ni los presidentes de turno han tenido la voluntad política y la firme decisión de solucionar efectivamente la problemática, con el agravante de que Enrique Peñalosa ha estado aferrado a que la solución es imponer el sistema de buses que evidentemente ya colapsó.

Así lo planteó la Representante a la Cámara por la coalición Decentes, María José Pizarro, quien, además, denunció que el proyecto de Transmilenio por la séptima, que pretende imponer Enrique Peñalosa, no cuenta ni con los diseños, ni con los estudios técnicos necesarios para iniciar un proceso licitatorio.

“Sin duda la séptima como parte del borde oriental de la ciudad es vital para una solución definitiva de movilidad en Bogotá, pero abrir carriles exclusivos de buses ya hemos visto por las experiencias de la Avenida Caracas, Autopista Norte, NQS y la Carrera Décima, que no funciona. Hacerlo es condenar a la ciudadanía a enormes niveles de contaminación ambiental, visual y auditiva y al detrimento de la seguridad y la convivencia urbanas que no resulven el problema nodal de la movilidad”, dijo Pizarro

La Congresista, María José Pizarro advirtió que de imponerse este proyecto que pretende la tala de 2.467 árboles, la compra de 339 predios y la afectación de 17 bienes de interés cultural, arquitectónico y patrimonial para la ciudad; “la Alcaldía de Peñalosa estaría incurriendo en un posible detrimento patrimonial y ambiental”, aseguró la congresista en el marco de la audiencia En defensa de la Séptima realizada este jueves 13 de septiembre en el Congreso de la República.

Pizarro explicó que los estudios entregados por la firma contratista INGETEC y evaluados por la firma de interventoría INTEGRAL, además de estar incompletos, no son confiables ya que presentan numerosos hallazgos, inconsistencias y riesgos de acuerdo con la supervisión realizada por la Subdirección General de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que encontró alrededor de 115 hallazgos sobre asuntos de diseño arquitectónico, diseño estructural, urbanismo, análisis de suelos, accesibilidad, tiempos y presupuestos, entre otros.

Incluso para varios expertos, el Transmilenio por la séptima no cabe en la carrera séptima, tampoco resuelve el problema de demanda de viajes de casi 26 mil pasajeros hora-sentido y sí compromete recursos de vigencias futuras (2019-2022) por mas de $ 1.500 millones de pesos adicionales.

Lo cierto es que Bogotá lleva más de 60 años esperando una solución al problema de movilidad y los recursos invertidos (solamente Peñalosa gastó en su primera administración cerca de $ 22 mil millones de pesos) en análisis y estudios técnicos han sido infructuosos y constituyen hoy una pérdida incalculable para la ciudad.

La congresista María José Pizarro solicitó además a los entes de control, en particular la Contraloría y la Procuraduría, revisar cuidadosamente los nuevos contratos de consultoría e interventoría realizados, así como los hallazgos detectados por la Subdirección General de Infraestructura (IDU), en particular los contratos suscritos con INGETEC (IDU-1073-2016) para un plazo de 10 meses y un valor total de $10.213.233.214 que incluye dos modificaciones y cuatro prórrogas que aunque están justificadas pueden mostrar improvisación y falta de planeación. Y el contrato de interventoría con la firma INTEGRAL (Contrato IDU-1104-2016), por valor de $2.231.335.400, pactado inicialmente a 11 meses.

“Seis meses y 11 días adicionales para el caso de INGETEC, en cuatro actos administrativos consecutivos puede estar evidenciando improvisación o desorden en la elaboración de los Documentos Técnicos de Soporte (DTS) del contrato. Preocupa también el nivel de ejecución de los contratos para el caso de INGETEC e INTEGRAL; con respecto a la primera, la ejecución reportada en junio de este año no superaba el 35%; en el caso de la segunda (INTEGRAL), la ejecución reportada fue del 20%, a pesar de que el tiempo de ejecución estaba vencido”, dijo Pizarro.

La congresista aseguró además que es urgente que se revisen observaciones claves realizadas por el mismo IDU en memorando de junio pasado (Memorando IDU-SGI 20183050143613, junio 18 de 2018) donde se identificaron, entre otros, la ausencia de planeación de obras por un valor de $38.401.000.000.00. Dijo también que, aunque existe un nuevo memorando del IDU, un mes después (19 de julio), no se han hecho las respectivas claridades sobre el mejoramiento y los avances del proyecto.

A la audiencia pública realizada en el Congreso asistieron algunos funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, líderes políticos y expertos muy argumentados en contra del proyecto de Transmilenio por la Séptima.

María José Pizarro indicó que la audiencia pública realizada este jueves dejó muy buenas cosas: La constitución de un frente político y ciudadano en defensa de la carrera séptima y el fortalecimiento de un proceso ciudadano que construye democracia.

La parlamentaria dijo finalmente que sería muy pertinente que la Procuraduría investigue también si las empresas INGETEC e INTEGRAL estarían incurriendo en alguna falta frente a los procesos de contratación ya que llama la atención que INGETEC (hoy contratista de la Alcaldía de Bogotá para estudios de Transmilenio por la Séptima) e INTEGRAL (que funge como interventora) tenían papeles similares pero intercambiados en el caso de Hidroituango, en donde INTEGRAL fue contratista e INGETEC, hizo la interventoría.