El representante a la Cámara por Antioquia, Julián Peinado Ramírez, llamó la atención sobre los escasos recursos destinados para la reparación de los afectados en comparación con casos como los de Mocoa y Gramalote.

En un debate de control político desarrollado en la Cámara de Representantes, el representante Julián Peinado explicó que aunque Hidroituango ha dejado más de 26 mil afectados directos según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, solo se han destinado 50 mil millones de pesos para su reparación; mientras que, según la misma entidad, en casos como el de Gramalote se invirtieron más de 400 mil millones para restaurar a 4.816 damnificados.

Es decir, aunque Hidroituango ha dejado cinco veces más personas afectadas que Gramalote que en su momento reportó 4.816 víctimas, apenas ha recibido de EPM cerca de $50 mil millones, una octava parte de lo destinado para la reconstrucción del municipio de Norte de Santander en el que se ha invertido $436 mil millones de pesos basados en datos de la UNGRD.

“Esta cifra es por lo menos insuficiente teniendo en cuenta que a la fecha la tragedia deja 362.000 afectados sumando a los habitantes de los municipios impactados, 129.000 desplazados según informó el Gobernador de Antioquia en una carta reciente, y 26.000 afectados directos de acuerdo a reportes de la UNGRD. Y lo que es peor: la mayoría de los afectados son campesinos y personas de muy bajos recursos que tienen una vida ligada al
campo, a su territorio, al cual ya no pueden volver por la obra humana”, explicó el representante Peinado.

Tal sustentación se fundamenta en que los municipios más afectados por la tragedia -como lo son Ituango, Valdivia, Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí, El Bagre y Zaragoza-; tienen un promedio de un 61% de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI con base en datos de la Gobernación de Antioquia (2016), es decir, estas comunidades tiene acceso limitado o nulo a los servicios de agua, alcantarillado, salud, educación. Es por esto que el representante insistió en que el impacto de Hidroituango resulta en “una tragedia social que sufren, en su mayoría, campesinos, gente pobre que además hace parte de una de las regiones más vulnerables”.

En ese contexto, también se llamó la atención sobre la responsabilidad de la empresa contratista en la atención y estabilización de la situación económica y social de las comunidades afectadas, ya que EPM tenía la obligación legal de tener un plan de contingencia que también contemplara el daño colateral atendiendo al decreto 2157 de 2017 por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas. “Ahora, no es posible que los habitantes de dichos municipios sigan pasando por esto, y que se sientan solos y abandonados tras esa premura de salir de su tierra, de sus casas, dejando sus enseres abandonados”, advirtió el representante.

En cuanto al futuro de EPM, el congresista se une a las voces que piden rescatarla y apoyarla como una empresa de los colombianos que podría generar más del 17% de la energía eléctrica del país.

Al finalizar su discurso, lanzó tres interrogantes para las Empresas Públicas de Medellín:
– Cuando se acaben los 50 mil millones de pesos destinados por EPM para atender a los afectados, de los cuales ya se han ejecutado 37 mil millones, ¿qué va a pasar con las personas que siguen sin reponerse de esta tragedia?

– ¿Cuándo entregará EPM el análisis técnico que demuestra la condición de daño y las condiciones de alto riesgo en la zona?
– ¿Cuándo se dará la estabilización social, cultural, ecológica y económica de los habitantes afectados y damnificados?

Con esto, el representante liberal reitera su apoyo, veeduría y acompañamiento a los habitantes de los municipios del Bajo Cauca, poniendo en el primer renglón la defensa de los campesinos y de las comunidades más pobres que han construido toda una historia y tradición en los territorios que hasta hace cinco meses habitaban.