La representante a la Cámara María José Pizarro denunció en debate de control político, que el proyecto de Hidroituango tiene a su alrededor unas 10.074 víctimas, entre las que se incluyen 115 masacres ocurridas entre 1969 y 2018, que, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria, significó 701 víctimas, en particular en los municipios de Valdivia, Tarazá, Caucasia e Ituango.

Según la congresista unas 400 mil personas pertenecientes a los 19 municipios del área de influencia del proyecto se han visto afectadas en su integridad, sus condiciones socioeconómicas y de subsistencia; sin contar las 221.492 personas en situación de desplazamiento y las 2.221 desapariciones.

“Desde el comienzo fue un proyecto de espaldas a la comunidad, donde no se tuvo en cuenta a los pueblos indígenas y afro de la región. Sólo el 1% de la población contó con alguna información sobre lo que allí se iba a hacer. La gente que vivía de la pesca, el barequeo y la economía informal quedó totalmente invisibilizada, pese a que en la región la dependencia del río es casi total (98%)”.

Llama la atención que durante los años 1983 y 1996 el proyecto tuvo un período de suspensión, tiempo durante el cual se incrementó la presencia paramilitar en la zona y el número de víctimas aumentó. Más de la mitad del total de las víctimas corresponden a este período.

Pizarro dijo que la violencia en la región ocasionada por grupos armados ilegales llegó a tal punto que el país fue condenado en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar de máxima crueldad la violencia y la ausencia total del Estado.

La congresista hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda la emergencia humanitaria y la grave violación de derechos humanos que viven las comunidades de la zona tanto por cuenta del proyecto hidroenergético, como por su colapso; que incrementó el desplazamiento de familias y comunidades enteras y el asesinato de líderes sociales y ambientales, sin contar los daños materiales.