–El gobernador del Guainía, Javier Eliecer Zapato Parrado y su antecesor, Óscar Armando Rodríguez, que en audiencia que se cumplirá este martes 2 de octubre, serán imputados de cargos por irregularidades en un contrato por más de 5 mil 500 millones de pesos para la construcción del acueducto y alcantarillado en diferentes zonas del municipio de Inírida, la capital del departamento.

Así lo anunció este lunes la Fiscalía General de la Nación, la cual estableció que la decisión se enmarca dentro de la estrategia en la lucha contra la corrupción (Bolsillos de Cristal), que busca investigar y judicializar hechos que atentan contra el buen manejo de las finanzas públicas y la efectividad de los programas que deben beneficiar a las poblaciones menos favorecidas.

Como resultados de las diferentes líneas de investigación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de imputación de cargos, al gobernador del Guainía, Javier Eliecer Zapata Parrado y al exgobernador del mismo departamento, Óscar Armando Rodríguez Sánchez.

De acuerdo con el material probatorio recaudado en la primera fase de la investigación, el gobernador Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado quien para la época de los hechos era secretario de Gobierno, (actual Gobernador) habrían direccionado en el año 2013 la suscripción, administración y ejecución de cinco contratos y una interventoría para la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en diferentes localidades del corregimiento de Barrancominas en el municipio de Inírida (Guainía).

Los recursos por más de cinco mil quinientos ochenta y tres millones de pesos ($5.583.000.000) fueron destinados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo a partir de la celebración del convenio 048 de 2009 para la implementación y ejecución del Plan Departamental de Aguas, el cual siguió ejecutando irregularmente el gobernador Javier Eliecer Zapata Parrado.

Para la Fiscalía, los procesados durante la etapa precontractual habrían seleccionado los contratistas, y con la presunta colaboración de la interventora habrían cambiado los diseños y condiciones del contrato, logrando así alterar la ejecución de los mismos, por lo cual, al día de hoy, ninguno de los acueductos se encuentra en funcionamiento.

La audiencia se realizará este martes 2 de octubre, en el Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía imputará cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.