–Una carta en la cual le pidieron abstenerse de emitir el anunciado decreto que faculta a la Policía para decomisar todo tipo de drogas en las calles, le enviaron al presidente Iván Duque las organizaciones no gubernamentales Dejusticia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que reúne a investigadores en este tema de 11 países latinoamericanos.

Los firmantes de la misiva aseguran que «enfrentar el problema de las drogas desde la criminalización de los consumidores es obsoleto, innecesario y discriminatorio».

Así resumen los puntos clave de «nuestro llamado a detener la aprobación del problemático decreto»:

1. No es una medida legislativa novedosa

En Colombia existen múltiples regulaciones que dan lineamientos a las autoridades sobre cómo controlar el porte y consumo de drogas, y el borrador de decreto no establece ninguna medida nueva, sino que recicla las reglas que ya tenemos.

Plantea que en los casos en que “la autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas” dará aplicación al artículo 222 del Código de Policía, que impone la medida de destrucción del bien, ahora, incluso cuando se trate de dosis mínima. Este accionar de la policía siempre ha estado en el rango de acciones para combatir el uso de drogas ilícitas.

2. No es el remedio contra el microtráfico

Los promotores del decreto han argumentado que buscan combatir el microtráfico y prevenir el consumo de drogas en menores de edad. Sin embargo, no es claro cómo el decomiso y la destrucción de la dosis personal, que es una medida de carácter administrativo (que por lo general implican multas) y no penal (que significan judicialización y posible privación de la libertad), va a impactar las redes criminales que se lucran del negocio de las drogas, cuando éstas no han podido ser desmanteladas a pesar de que el país tiene una de las legislaciones penales más estrictas en esa materia.

En la actualidad, las autoridades de policía y judiciales cuentan con una extensa lista de normas penales que les permitirían atacar las empresas criminales que se lucran del negocio de las drogas. Sin embargo, las excesivas herramientas jurídicas para combatir el tráfico de drogas en Colombia han resultado ser inefectivas en desmantelar de manera sostenida las redes del narcotráfico, mientras que sus efectos colaterales impactan de manera nociva a las personas más vulnerables.

Por ejemplo, una de las principales estrategias de lucha contra las drogas ha sido aumentar el tiempo en prisión para quienes cometan estos delitos y limitar al acceso a penas alternativas al encarcelamiento. Estas medidas no han sido efectivas en el desmantelamiento de los mercados ilegales de drogas —en 2015 este negocio obtuvo ganancias por 12.4 billones de pesos y una rentabilidad del 260%— pero sí han generado altos costos individuales y familiares para quienes entran a este negocio por necesidad. Datos del INPEC y del Ministerio de Justicia, revelan que quienes tienen mayor vulnerabilidad económica, baja escolaridad y desempeñan tareas logísticas y operativas en la red criminal del narcotráfico, son el principal blanco de la acción policial y judicial.

Así las cosas, no es que falten herramientas jurídicas para abordar el tráfico y que se requiera un decreto más. El problema es que la política de criminalización de las personas que usan drogas no funciona. En vez de promover medidas represivas contra ellos, los esfuerzos de las autoridades deben enfocarse en la persecución de las cabezas del negocio del narcotráfico y en fortalecer sus estrategias de investigación y juzgamiento penal.

Por ejemplo, en información obtenida por los investigadores de Dejusticia vía derecho de petición al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), se encontró que el número de personas privadas de la libertad por el delito de lavado de activos es mínimo, siendo apenas el 0,1 % del total de las personas en los centros penitenciarios del país. Por su parte, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes comprende en casi todos los años el 13% de la población carcelaria.

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3. El decreto estigmatiza y criminaliza a los consumidores de ciertos sectores sociales

Aunque los promotores del decreto han aclarado que esta medida no busca criminalizar a las personas que usan drogas, sino que se adelantará una “campaña integral de atención a la drogadicción”, en la práctica ocurre lo contrario.

Por un lado la Ministra de Justicia ha argumentado en medios de comunicación que la sanción del decomiso y destrucción de la sustancia no será impuesta si la persona demuestra que tiene un consumo problemático de esta sustancia, a través de una certificación médica o de sus padres. No obstante, el borrador del decreto no incluye esta precisión, por lo que no es claro cómo los agentes de policía aplicarían estas excepciones si no están contempladas en la ley. Incluso, si existiera esa excepción, se estaría castigando únicamente a los consumidores ocasionales o recreativos.

Aunque la medida no implique la apertura de un proceso penal contra quienes usan drogas, sí los enfrentaría al aparato de Policía y sus nombres quedarían reseñados en los registros de esta institución, lo cual implica una sanción y, en consecuencia, una criminalización de facto.

En la carta enviada al presidente, resaltamos cómo este decreto categoriza a las personas que usan drogas como “delincuentes” o “enfermos”, desconociendo que la mayoría de esta población usa drogas de manera recreativa, sin que eso afecte su salud, ni los derechos de los demás. Esta es una actividad que pertenece a la esfera personal y no debe ser objeto de una política pública.

Asimismo, consideramos que es muy probable que esta medida impacte desproporcionadamente a un cierto perfil de personas: aquellos que deben salir a la calle a comprar la sustancia, donde se exponen a mayores riesgos. Este no es el caso de quienes cuentan con los recursos financieros para, por ejemplo, solicitar la entrega de las sustancias a domicilio.

Las actividades de la Policía tienden a concentrarse en aquellos lugares en los que hay una percepción de amenaza, y son selectivos hacia sectores de la población que son identificados como potenciales delincuentes, personas con “perfiles peligrosos” que tienden a ser hombres, jóvenes y pobres. De acuerdo con una encuesta de Dejusticia de Cifras y Conceptos de 2013, el 23 % de personas de estrato 1 fueron abordadas por la policía, versus el 14 % de estratos 5 y 6. El consumo y tráfico de drogas está presente en todos los estratos socioeconómicos, por tanto esta selectividad no tienen justificación.

Desde Dejusticia y el CEDD consideramos que por estas posibles consecuencias negativas, la medida resulta ser de constitucionalidad discutible, pues termina promoviendo la discriminación, el abuso de la policía y la invasión injustificada de la privacidad.

4. La verdadera urgencia es una política de salud pública para los consumidores problemáticos

Aunque los promotores de este decreto han argumentado su propuesta hace parte de una política integral de abordaje al problema de las drogas, con un componente de salud pública, es diciente que una medida de carácter represivo, como la que sugieren, sea el primer paso del Gobierno para abordar este problema.

Este enfoque resulta a todas luces contradictorio con las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales y de la Asamblea Mundial de Drogas de 2016, en la que se urgió a los gobiernos para que el uso de drogas fuera abordado desde un enfoque de salud pública.

En los casos en los que se requiere atención médica, los estados están muy atrasados en garantizar el derecho a la salud de estas personas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), solo una de cada seis personas con consumo problemático accede a tratamiento.

Esta realidad se replica en Colombia, donde además para 2010, solo el 4.1% del presupuesto total en materia de drogas fue destinado a intervenciones para la reducción del consumo, mientras que el 64 %, de este presupuesto: unos 1.2 billones de pesos se destinaron a actividades como la identificación y erradicación de cultivos ilícitos, según el Reporte de Gasto Público Anti-Drogas presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El panorama del consumo revela que es necesario que los estados diseñen respuestas diferenciadas aplicables a cada población: en el caso del consumo problemático, la respuesta debe estar centrada en brindar oferta de servicios de salud, con tratamientos que sean voluntarios y basados en la evidencia.

Una futura política de drogas para Colombia, también debe estar en consonancia con la magnitud real del consumo de drogas en el mundo: Según el Informe Mundial de Drogas 2018, preparado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la población consumidora de sustancias psicoactivas es apenas del 5,6%, una fracción minoritaria de la población mundial. De hecho, para 2016, el 2.5 % de la población había usado marihuana en el último mes, y apenas el 0.2 % había usado cocaína en el mismo período.

Con respecto a los usos problemáticos, la UNODC revela que sólo el 0.4 % de la población mundial es dependiente de alguna sustancia ilegal. Estas cifras revelan que, contrario a lo que se debate en los medios comunicación, y al pánico alrededor de las drogas, el uso problemático de sustancias psicoactivas es la excepción, y no la regla.