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Procuraduría y Defensoría piden que se declare la Emergencia Social tras crisis en sistema carcelario

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Este martes la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, expresaron su preocupación por los eventos de corrupción dentro del Sistema Carcelario y la resocialización que se adelanta en las cárceles de Colombia.

La Defensoría ha manifestado que tanto el hacinamiento como los problemas de salubridad no permiten que se alcance este objetivo, por lo que insiste ante la Corte Constitucional y el Gobierno en que se declare una emergencia social y se cierren las cárceles donde son más graves estas problemáticas.

El defensor delegado de Política Criminal y Penitenciaria, Germán Pabón, señaló que: «Para convertir en un colectivo de colombianos en más indignos de lo que llegaron, y el día que salen, salen más indignos de lo que llegaron», acerca de para qué sirven hoy los centros penitenciarios.

Por su parte el procurador Fernando Carrillo, indicó que es el momento de darle solución a este problema, por lo que apoya la posibilidad que se declare una emergencia social.

Carrillo señaló: «Cualquier medida que se tome va a ser muy importante. Es hora de que el país se conciencie de que allí hay unos escenarios de Derechos Humanos de los internos, que allí hay corrupción, disfuncionalidades y que es hora de que el Estado central le meta la mano a las cárceles del país».

La opción de la eliminación del INPEC abre el debate, además de las responsabilidades de los gobiernos departamentales y municipales que según la Defensoría del Pueblo, no se vienen cumpliendo, así como la privatización de los centros carcelarios.

Acerca de la alternativa de la privatización, Carrillo sostuvo: «La privatización implica a lo mejor, la construcción por parte del sector privado de infraestructura, pensar ya en mecanismos de vigilancia, pero eso es ya un debate posterior. Uno no puede descartar por ejemplo, la necesidad de las APP, la Asociación de Entidades Públicas y Privadas y de capital de la cooperación internacional. Actualmente tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, y el alguna medida el Banco Mundial como Naciones Unidas le han ofrecido a Colombia algún tipo de cooperación».

Y sobre la eliminación del Inpec dijo: «Estamos hablando un Instituto que tiene más de 80 sindicatos, lo cual implica la inviabilidad de esa institución pero ese debate hay que darlo, no con el ánimo de violentar los derechos sindicales de nadie, sino demostrar que aquí hay que hacer una cirugía de fondo con un bisturí mayor en el Sistema Penitenciario Colombiano».

El 25 de octubre una audiencia pública en la Corte Constitucional definirá continúa la violación de derechos fundamentales o si por el contrario se ha avanzado, es decir, si se sigue declarando el Estado de Cosas Inconstitucional.

Esto se suma a las denuncias de corrupción al interior de las cárceles, situación que tiene en problemas al director de La Picita, en Bogotá.

Un juez de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del mayor Luis Francisco Perdomo, director de la cárcel La Picota, por exigir presuntamente dinero de familiares de reclusos para favorecerlos con visitas.

La Fiscalía investiga al mayor Perdomo por presuntamente haber solicitado $30 millones al extraditable José Bayron Piedrahíta Ceballos, para dejar entrar al centro penitenciario a varios de sus familiares y conocidos.

El hijo del extraditable denunció que su padre ha sido objeto de exigencias económicas por parte del director de La Picota, para que su familia y amigos puedan ingresar en días no autorizados de visitas al centro carcelario.

De acuerdo con la Fiscalía, al parecer se acordó el pago de 30 millones de pesos para permitirle el ingreso de visitantes, de los cuales fueron entregados 10 millones como anticipo, el pasado 15 de septiembre.

En la audiencia pública, la fiscal del caso indicó que para la entrega del valor restante supuestamente se acordó un encuentro en un restaurante frente al Búnker de la Fiscalía. Cita, que según evidencia videográfica, se hizo efectiva el 27 de septiembre último, en horas de la tarde, cuando habría sido entregado el saldo de 20 millones de pesos.