De la misma manera el Consejo de Estado negó todas las pretensiones de la demanda, pues consideró que “conforme a las pruebas allegadas al proceso, no se configuró la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 110 de la Constitución Política en relación con el Concejal demandado, Roger José Carrillo Campo”.
La Sección Primera determinó con absoluta claridad que, conforme a los documentos y pruebas obrantes en el proceso, así como de las distintas actuaciones surtidas al interior del expediente, no se puede deducir que el Concejal demandado haya incurrido en ninguna conducta que viole la Ética Pública”.
El concejal enfatizó, “Siempre he obrado con apego a la Constitución y la Ley, salvaguardando mis principios éticos y morales, seguiré trabajando por Bogotá y los bogotanos en cumplimiento del mandato popular de mis electores y de los principios del Partido Conservador”.
