El Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá Jorge Andrés Gómez Pulgarín y Darwin Vladimir Sánchez González, como presuntos responsables del delito de concusión.

Según la denuncia instaurada por la víctima, este 6 de octubre, cuando estaba en un lote de su propiedad ubicado en el noroccidente de la capital antioqueña y en el que pensaba realizar una obra, fue abordada por 2 uniformados de la Estación de Policía del barrio Castilla de Medellín, quienes le pidieron la licencia de construcción. Ante la carencia del documento público referido, ambos policiales le manifestaron que si quería adelantar la edificación tendría que pagarles 1 millón de pesos en efectivo, de lo contrario, capturarían a los trabajadores que vieran en el lote para obstruir el trabajo.

Ante la insistencia de agentes, el hombre les dijo que tenía que hablar con una hermana que era la dueña del lugar y les manifestó que solo tenían $ 500.000, pero los uniformados no aceptaron la propuesta monetaria.

Luego de varias negociaciones y bajo la asesoría de miembros del Gaula Militar, la entrega del dinero se coordinó para el martes 9 de octubre en el barrio Robledo El Diamante, lugar en el que se hicieron presentes Gómez Pulgarín y Sánchez González con sus respectivos uniformes y armas de dotación, para, al parecer, recibir el dinero exigido.

Los uniformados fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Medellín, con su componente militar, cuando ultimaban la entrega del millón de pesos que habría sido acordado.

Al momento de la captura, el patrullero Sánchez González se negó a entregar el arma oficial y tuvo que ser obligado por los investigadores a hacerlo. Además se abstuvo de entregar su teléfono celular aduciendo que no lo tenía en su poder, pero cuando le hicieron una llamada los funcionarios detectaron el aparato en uno de sus bolsillos.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados y apelaron ante la segunda instancia la legalización de captura y la medida restrictiva de la libertad.