Por Mauricio Botero Caicedo
Según nos informan la prensa, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió a la Corte Constitucional dirimir el conflicto de competencias surgido entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción Especial para la Paz, JEP respecto a los multimillonarios bienes no inventariados por los cabecillas de la agrupación tras el acuerdo del fin del conflicto.
La solicitud la hizo en un extenso documento en el cual advierte que las ex – Farc no declararon 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos (cerca de 2.207.000 hectáreas), 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores. Además no incluyeron caletas con dinero en moneda colombiana y en dólares. En su carta el fiscal afirma: “Los bienes que no fueran inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto de 2017, es decir, individualizados y discriminados en forma determinada y especifica y, por supuesto, relacionados en un acta emanada de las Farc, quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria (…), es decir, deben ser objeto de la acción de EXTINCIÓN DE DOMINIO que le ha sido confiada a la Fiscalía General de la Nación”.
La Justica Especial para la Paz, la JEP, que todo parece indicar que está dominada es por alcahuetas de las Farc, se opone a dicha medida con el manoseado argumento que es a ella que le toca actuar en absolutamente todo lo que concierne a las Farc. Pero por Dios, si está totalmente claro que a los antiguaos narcoterroristas se les daba una oportunidad de relacionar los bienes y lo hicieron de manera muy parcial. Pero lo que es más claro que el agua mineral es que los bienes que no relacionaron los debe perseguir y extinguir es la justicia ordinaria y pasarselos a la nación. No hacerlo es trampear con unas reglas de juego previamente acordadas. Como dijo recientemente el Procurador Fernando Carrillo: “La primera y más importante regla para que el diálogo social sea exitoso es que lo pactado se cumpla”,
