Fiscalía pide a la Corte Suprema de Justicia procesar al senador Arturo Char por caso de Aída Merlano

El fiscal de conocimiento que tiene a su cargo el proceso pidió a la Corte Suprema de Justicia que indague y determine si existe mérito para investigar a Char Chaljub, «al tenor de la prueba obtenida que daría cuenta de su posible participación en la financiación de actividades que atentan contra la participación democrática».
La Fiscalía recuerda que la investigación denominada «Casa Blanca» tiene relación con la presunta existencia de una empresa criminal dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico que fue develada durante la pasada campaña al Congreso de la República.
Subraya que la evidencia recaudada permitió establecer que allí se gestaron dos candidaturas al Congreso: de un lado la de la candidata al senado Aída Merlano y, de otro lado, la de Lilibeth Llinás candidata a la Cámara de Representantes, quien fue imputada por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragrante.
“Pagaban $50.000 por voto, le hacían seguimiento a los sufragantes para que se equivocaran y fuera nulo el tarjetón. Les subsidiaban el transporte hasta los lugares de votación y los entraban hasta las urnas para asegurar el voto”, precisó el fiscal del caso.
En un allanamiento realizado en marzo a la «Casa Blanca», la fiscalía encontró $268’993.000 en efectivo, guardados en un cuarto destinado exclusivamente para eso, así como abundante documentación, como certificados electorales en masa, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto, organigramas detallados de seguimiento y operación.
Según la fiscalía, tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.
