–Una petición expresa para que rechace la solicitud del exdirector del DAS, general retirado Miguel Maza Márquez, para que su proceso por el asesinato del dirigente liberal Luis Carlos Galán, sea asumido por la JEP, formuló la Procuraduría General de la Nación a esta jurisdicción, por considerar que su caso no tiene nada que ver con el conflicto armada que vivió Colombia.

El hecho es que la Corte Suprema de Justicia decidió la víspera remitir el expediente de Maza Márquez, condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio de Galán, a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que defina si acoge o no al exdirector del DAS para otorgarle los beneficios del Acuerdo del Fin del Conflicto.

Al efecto, la Procuraduría ofició a la Sala de Definición de Situaciones Juridicas de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el exdirector del desaparecido DAS, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria.

El general Miguel Alfredo Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad.

La Corte Suprema de Justicia, el 23 de noviembre de 2016, condenó al exdirector del DAS a 30 años de prisión por los homicidios con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla –este último en grado de tentativa-, sumado al delito de concierto para delinquir.

Ante la solicitud del general Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno.