La viabilidad financiera de proyectos de infraestructura, la seguridad jurídica en materia ambiental y la homogeneidad territorial tributaria son tres aspectos que deben ser priorizados en una nueva institucionalidad responsable por el desarrollo sostenible de la región.
Debido al rápido proceso de metropolización espontánea de los municipios vecinos a Bogotá, surgen desafíos sobre la infraestructura de soporte que se debieron haber tratado hace años, especialmente en lo relacionado con el aumento de la capacidad en el transporte público masivo y en los sistemas de servicios públicos de alcantarillado y acueducto. En materia de movilidad, por ejemplo, se destaca la falta de inversión durante los últimos 10 años, en donde la extensión de Transmilenio al municipio de Soacha Fase I ha sido el único proyecto de transporte público regional.
La implementación de proyectos de infraestructura regional debe ser considerada como el primer pilar de la gobernabilidad metropolitana, ya que gracias al cobro de tarifas se convierte en un mecanismo efectivo de sostenibilidad financiera. Además, este tipo de proyectos son la columna vertebral para el desarrollo sostenible de la vivienda de interés social, mercado que durante los últimos tres años cuenta con ventas promedio de más de 23.200 unidades en los municipios vecinos a Bogotá.
El segundo aspecto por priorizar está relacionado con el desarrollo sostenible del uso del suelo, lo que implica el gran desafío de coordinar un ordenamiento desde aspectos estructurantes de carácter ambiental. Esta condición es común para todas las administraciones. Por ejemplo, la descontaminación del río Bogotá y la conexión de redes ecológicas como los Cerros Orientales y otros ecosistemas de páramo deben ser planeados desde una perspectiva regional y esto solo se logra con la adecuada coordinación entre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) e instrumentos de planificación ambiental, como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Pomca) del río Bogotá.
Este cuerpo hídrico debe ser el gran eje que coordine el desarrollo sostenible de la Sabana, y a su alrededor se deben desarrollar las estrategias de ocupación y de uso de suelo de manera integrada, homogenizada y sostenible. La sostenibilidad del río Bogotá es el referente para que las administraciones municipales trabajen en un desarrollo coordinado que beneficie las dos orillas y así se asegure la recuperación integral del afluente. Es un gran espejo que permitiría desarrollar POT con un carácter regional. Los grandes desafíos están en coordinar instrumentos como el Pomca con la ocupación del suelo. Por ejemplo, 589.000 hectáreas de suelo con aptitud ambiental que debieron ser incorporadas para restringir el desarrollo urbanístico, no fueron contempladas en los respectivos POT. Al no existir criterios unificados, se genera inseguridad jurídica en la normativa de habilitación de suelo entre los diferentes municipios. Inclusive, actualmente el 20% de las licencias expedidas para parcelación campestre corresponde a suelos delimitados en el Pomca con aptitud para la conservación y protección ambiental.
La gobernanza metropolitana debe priorizar un tercer aspecto relacionado con los desafíos que surgen en materia tributaria a nivel regional. Este reto requiere que se encuentren mecanismos para equilibrar los impactos negativos originados por decisiones de hacienda de cada municipio. La gran divergencia que se presenta hoy en materia tributaria entre las jurisdicciones municipales hace más complejo entender y cuantificar el desempeño de las actividades económicas.
El sector productivo enfrenta dificultades por cuenta de la diversidad de instrumentos financieros que las entidades territoriales aplican en los procesos de habilitación del suelo y que impiden determinar con certeza el costo de la incidencia tributaria del negocio. Las diferencias con que cada municipio aplica el conjunto de tributos asociados a la gestión del suelo y a la construcción afectan directamente la estructura de costos de cualquier iniciativa productiva y dificulta la financiación del desarrollo de la infraestructura urbana.
Un modelo de gobernanza metropolitana debe permitir a los municipios vecinos a Bogotá implementar medidas de manera gradual, priorizando las dificultades en materia de competitividad. La priorización gradual de los tres aspectos mencionados debe funcionar como un generador de nuevas inversiones en Bogotá y sus municipios vecinos, ya que es una región fuente de oportunidades y prosperidad, pues, según cifras del Comité de Integración Territorial, provee el 30% del PIB nacional y es sin duda uno de los centros de la economía y del comercio global en Colombia.
Martha Cecilia Moreno Mesa
Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca
