Tras varias semanas de discusiones, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República llegaron a un acuerdo para radicar la ponencia para el primer debate del proyecto de Ley de Financiamiento.

Manteniendo el espíritu inicial de presentar una propuesta que proteja a la población más vulnerable, se lograron encontrar mecanismos alternativos para generar fuentes de financiamiento con las que se proyectan cerca de 7,5 billones de pesos, que solventarán necesidades sociales de millones de colombianos, planteadas en el Presupuesto General de la Nación del 2019, las cuales no cuentan con financiación.

“Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el gasto social va a ser protegido a toda costa”, dijo el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.

Sobre las sesiones con el Congreso, el Ministro indicó que “ha sido un diálogo abierto, sincero y cordial con el Congreso. Hicimos un análisis exhaustivo, riguroso y detallado a lo largo de tres semanas. Esta ley simplifica y facilita el trabajo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La carga tributaria actual es enorme e inequitativa y no las deja crecer”.

Agregó que “las alternativas encontradas protegen el poder adquisitivo de la población más vulnerable y mantienen las medidas para incrementar la equidad, mejorar la gestión e impulsar el crecimiento y la productividad”.

No obstante, advirtió que, según quedó absolutamente claro en el trámite de la Ley de Presupuesto, será necesario congelar gastos y resaltó que el Gobierno está trabajando para que se tenga el menor impacto social posible.

A pesar de los cambios planteados en la ponencia, el proyecto continúa con un espíritu de equidad, emprendimiento y legalidad.

Lo anterior se logrará, entre otras, con un sistema tributario más progresivo, al incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la financiación del Estado, solucionando la sustancial afectación de la asfixia fiscal de los sectores generadores de empleo y adoptando medidas que fortalecen y modernizan la Dian, para permitir una más eficiente lucha contra la evasión.