Gobierno de Duque pide a la ONU intervenir para buscar liberación de 59 colombianos apresados por régimen de Maduro
La solicitud fue hecha por la cancillería colombiano a través de una nota verbal, en la cual le expuso, una vez más, a la representante de la ONU la dramática situación que enfrentan los 59 colombianos detenidos arbitrariamente en la estación La Yaguara de Caracas, Venezuela, desde el 1 de septiembre de 2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó las condiciones deplorables en las que permanecen estos compatriotas y recalca que a los mismos no se les ha respetado el debido proceso, teniendo en cuenta que un juez ordenó su libertad plena desde noviembre de 2017.
Subraya que a pesar de las intensas gestiones consulares y diplomáticas, estos 59 connacionales permanecen recluidos en las peores condiciones en Venezuela, por eso, pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que adelante las acciones que estime pertinentes para que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria se pronuncie sobre la situación en mención.
De igual manera, insta a la señora Bachelet a realizar las demás acciones que considere necesarias para asegurar la libertad de los colombianos.
El pasado 29 de noviembre, un el régimen de Maduro imputó cargos a los 59 colombianos por los delitos de terrorismo, falsificación de documentos y asociación para delinquir, pese a que en noviembre de 2017 un juez expidió las boletas de libertad.
El pasado 3 de diciembre, Amnistía Internacional se pronunció sobre el caso y exigió hacer efectiva la orden de libertad, atención médica y condiciones dignas para los detenidos, mientras estén en custodia.
A continuación el texto del comunicado emitido por Amnistía Internacional:
“Acción Urgente 59 personas privadas de su libertad
El 21 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela anuló una orden emitida el año anterior por la liberación de 59 ciudadanos colombianos detenidos durante una operación de seguridad en 2016. Hoy siguen privados de su libertad.
Los 59 ciudadanos colombianos detenidos en La Yaguara, barrio de Caracas, capital de Venezuela, no han sido llevados ante un juez, no han sido objeto de investigaciones criminales y no han sido acusados de algún delito. En noviembre de 2017, un tribunal de procedimientos preliminares (tribunal de control) emitió una orden para su liberación, debido a que no había pruebas de que hubieran cometido un delito y no hubo orden. Habían sido emitidos para su arresto. De hecho, los funcionarios que los detuvieron no presentaron una orden de arresto.
Las 59 personas fueron detenidas arbitrariamente el 1 de septiembre de 2016 en diferentes partes de la capital venezolana, Caracas, en el contexto de la Operación Liberación del Pueblo (OLP). De acuerdo a la información de Amnistía Internacional, las 59 personas no se conocían. El gobierno ha presentado un número de supuestos motivos de su detención. Primero alegaron que los 59 pertenecían a un grupo paramilitar colombiano, solo para anunciar posteriormente que fueron detenidos debido a irregularidades en su estatus migratorio. Sin embargo, varios de los detenidos tienen documentación emitida por el Servicio Administrativo Venezolano de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Sin embargo, no se sabe cuántos de ellos pueden necesitar protección internacional. La anulación de la orden de liberación pone a las 59 personas en grave riesgo de violaciones continuas de procedimientos. Garantías y de su derecho a un juicio justo y podrían prolongar su detención indefinidamente.
Durante su detención, han sido sometidos a condiciones poco saludables que amenazan su dignidad, como ser mantenidos en celdas improvisadas, no teniendo acceso a agua potable y durmiendo a la intemperie. Los familiares le han dicho a Amnistía Internacional que los detenidos han desarrollado enfermedades, por las cuales no han recibido el tratamiento médico.
