–La Corte Penal Internacional designó tres jueces para avocar las investigaciones en contra de Nicolás Maduro y su gobierno por crímenes de lesa humanidad, tras la petición expresa que hicieron el pasado 26 de septiembre los presidentes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Los tres jueces son el húngaro Péter Kovács, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, quienes hacen parte de la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI).

El juez Chile Eboe-Osuji, quien preside la CPI, anunció los nombramientos y explicó que corresponde a la solicitud de los gobiernos de seis países americanos para investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela durante el régimen de Maduro.

El hecho se produce a poco de que Nicolás Maduro asuma un nuevo periodo presidencial en Venezuela, tras hacerse reelegir en unas elecciones que la comunidad internacional no reconoció.

Será el próximo 10 de enero, cuando Maduro será juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente que también hizo elegir.

El proceso contra Maduro, se sustenta en el Estatuto que adoptó el 1ro de julio de 2002 que permite a este tribunal internacional ejercer su competencia para juzgar individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La Corte es competente si esos individuos son nacionales de Estados que han ratificado su estatuto o han cometido crímenes sobre el territorio de dichos Estados. Estas condiciones no se aplican cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien solicita la intervención de la Corte.

El 26 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú remitieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI o la Corte) pidiendo a la Corte que investigue la comisión de crímenes lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

«Nuestras organizaciones alientan a los Estados remitentes a apoyar y cooperar con la Oficina de la Fiscalía de la CPI y a unir esfuerzos utilizando todas las vías posibles para que los responsables rindan cuentas, pero también para aportar soluciones durables que disminuyan la grave crisis humanitaria en Venezuela», indicó la Corte.

A su turno, Gloria Cano, Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FEIDH, dijo entonces que «esta remisión interestatal no cambia el examen preliminar en curso que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional tiene bajo su revisión desde febrero, en el que se encuentra analizando si los crímenes internacionales cometidos en Venezuela están bajo su jurisdicción. Sin embargo, sí envía la señal de que los países de la región deben involucrarse activamente para apoyar los esfuerzos regionales hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela pero también en otros países de la región”.

La fiscal de la CPI anunció que examinaría los crímenes supuestamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos. Observó que las continuas manifestaciones condujeron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes y se detuvo a miles de personas, muchas de las cuales habrían sido supuestamente sometidas a abusos graves y malos tratos. Además, se informó que algunos grupos de manifestantes habían recurrido a la violencia, por lo que varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos o heridos. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 124 han muerto en el marco de las protestas: 46 muertes fueron supuestamente causadas por las fuerzas de seguridad y 27 por los grupos armados progubernamentales.