La Procuraduría General advirtió que el porcentaje de avance en la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) por parte de las alcaldías, a casi dos años de su entrada en vigencia, es menor al 40%, por lo que hizo un llamado a todos los mandatarios locales a cumplir con las obligaciones establecidas en la ley para su puesta en marcha.

En la VII Semana de la Participación Ciudadana el Ministerio Público invitó al país a convertir el código en un espacio para la promoción de la convivencia, y a no usarlo como una norma de coerción o de castigo, sino un instrumento de prevención que permite corregir, antes que sancionar.

La Procuraduría identificó que de los 1.102 municipios del país solo el 38% de los alcaldes reportaron la información relacionada con 11 componentes del código, a través del diligenciamiento de un formulario virtual, disponible en la página Web de la entidad para efectuar el seguimiento a su implementación.

Entre los resultados del análisis hecho por el Ministerio Público, se estableció que los municipios de quinta (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y sexta categoría (menos de 10.000 habitantes) alcanzan un avance en la implementación de 32,2% y 35,7%, lo que indica un rezago comparado con los territorios de primera (entre 100.000 y 500.000 habitantes) y segunda categoría (entre 50.000 y 100.000 habitantes) que alcanzan el 60% y 42% respectivamente.

Así mismo, se encontró que Guaviare (25,7%), Córdoba (24,0%), San Andrés (23,5%) La Guajira (17,7%), y Atlántico (7,4%) presentan los porcentajes más bajos en la implementación del Código de Policía, y por el contrario, Caldas (50,1%), Bogotá (42,7%), Quindío (41,5%), Chocó (41,2%), Putumayo (40, 3%) son los territorios que mayor avance tienen.

Sobre los componentes evaluados, la Procuraduría General de la Nación evidenció que no hay claridad en el proceso para el pago de las obligaciones por parte de los infractores e hizo un llamado a determinar procedimientos responsables para optimizar los sistemas de recaudo.

Además, advirtió un déficit presupuestal en la mayoría de los municipios para adecuar los llamados Centros de Traslado por Protección (CTP), lugares destinados para los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida y/o la de terceros; y la falta de una infraestructura específica en las salas de audiencias en sus territorios.

Tras el ejercicio de evaluación adelantado por el Ministerio Público se visualizó que se debe prevalecer la sensibilización a niños, niñas y adolescentes, agotar los principios de necesidad y proporcionalidad frente a las infracciones, buscar la mediación policial antes de imponer sanción, socializar con la comunidad la importancia de la convivencia, priorizar la pedagogía en la exigencia policial y mantener el carácter preventivo que busca disuadir, resarcir y educar para restablecer la convivencia.

VII Semana de la Participación

La VII Semana de la Participación fue instalada por la Delegada para a Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Liliana Caballero Durán, quien hizo un llamado a conocer, participar y apropiarse del Código Nacional de Policía y a tener como meta en su implementación que las conciliaciones se impongan sobre las sanciones.

“Conocer el Código Nacional de Policía y Convivencia, es avanzar en la prevención y protección de derechos. La coerción solo debe ser para la restauración de derechos”.

Al evento realizado con el objetivo de discutir los avances y retos del Código Nacional de Policía, asistieron el subdirector para la Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Fabio Augusto Parra Beltrán; el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Jairo García Guerrero; el inspector de Policía de Teusaquillo, Erwin Leonardo Niño Ochoa; el director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Fernando Segura Restrepo; el coordinador nacional para la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, teniente coronel Giovanni Guerrero Parra; el representante de la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Local de Suba, Darge Solís y el académico, Erwin Leonardo Niño Ochoa.