–La Fiscalía General de la Nación reportó este martes que logró que juez condenara a 10 años y un mes de prisión a Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, líder del sindicato de camioneros por el sonado escándalo de corrupción del “cartel de la chatarrización”.

El sindicalista fue encontrado responsable de los cobros ilegales que se hicieron al Estado por la chatarrización de camiones de carga que nunca fueron destruidos.

Pedro Aguilar fue capturado el 17 de febrero de 2017 junto con sus compañeros Parménides Reinelio Gueltrán y Juvenal Yantén Agredo, integrantes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal, en hechos relacionados con el denominado cartel de la chatarrización en Colombia.

De acuerdo con lo manifestado por la delegada fiscal, Aguilar Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), habría sido el encargado de involucrar a particulares en la compra de automotores listos para la chatarrización y así obtener de manera irregular los beneficios económicos de reposición de vehículos de carga que otorga el Estado.

Agregó que su actividad supuestamente incluía el uso de documentos falsos para burlar las normas citadas en la Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte. “Aguilar convencía a los tramitadores, como en el caso de Parménides Reinelio Gueltrán, quien movía las carpetas de un lugar a otro para el trámite de chatarrización, alterando la información de los rodantes y la de los propietarios”.

En el escándalo de corrupción también fueron involucradas Lina Piedad Sánchez y María Mabel Sánchez, quienes según lo establecido por la Fiscalía, presuntamente adquirían vehículos de carga a su nombre y le daban una comisión económica a Aguilar, sin que ellas tuvieran un soporte de la capacidad económica para la compra de los mismos.

La fiscalía indicó que estas personas habrían operado cerca de 12 mil trámites de chatarrización de manera fraudulenta en Colombia, por un valor de 600 mil millones de pesos.

El proceso contra Pedro Aguilar tuvo un insólito ingrediente cuando un falso fiscal obtuvo su libertad en marzo del presente año.

José Edilberto Parada Barbosa se hizo pasar como fiscal y logró que un juez de la ciudad de Cali le concediera la boleta de libertad a Aguilar Rodríguez.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de último, cuando la abogada Diana Milena Zárate Quiroga, como apoderada de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez y Parada Barbosa, como supuesto fiscal, se presentaron ante un juez de control de garantías en una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento en contra de Aguilar, para que fuera trasladado a una detención domiciliaria.

Así, obtuvieron de manera fraudulenta la libertad del procesado, pues al momento del juez avalar la solicitud de la defensa, el falso fiscal no se opuso.

El ente acusador reveló que Parada Barbosa simuló la investidura de un fiscal especializado, ya que de acuerdo con la investigación realizada, ni siquiera era profesional en derecho.

Se estableció además que José Edilberto Parada Barbosa ya se había presentado el 15 de marzo en una primera audiencia, donde el abogado Paulo Enrique Muñoz fue el que solicitó la audiencia inmediata para la sustitución de la medida de Aguilar, la cual no fue concedida por el juez.

Este 6 de abril fueron capturados en diferentes puntos de Bogotá los dos implicados en este hecho para ser enjuiciados por el escandaloso hecho.

El lunes 22 de octubre pasado en virtud de un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, el Juzgado 35 Penal del Circuito condenó a José Edilberto Parada Barbosa a 66,66 meses de prisión (5 años, 5 meses), al pago de una multa de 202 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a 46 meses de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, como responsable de los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir y simulación de investidura o cargo.

En el fallo, la juez le negó el subrogado de la libertad condicional así como el sustitutivo de la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.

Cuatro familiares del dirigente camionero Pedro Antonio Aguilar, también están siendo procesados por los delitos derivados del proceso fraudulento de la chatarrización de vehículos de carga.

En junio pasado fueron capturados y asegurados María Alejandra Aguilar Duque, hija de Aguilar; su yerno Felipe Lloreda Cucalón; y su hermano Luis Eduardo Aguilar Rodríguez.

En contra de la exesposa de Aguilar, Liliana Duque Delgado, madre de María Alejandra Aguilar, el juez de entonces dictó medida de aseguramiento con detención preventiva en lugar de residencia, debido a problemas de salud.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada, los procesados estarían presuntamente vinculados con una compleja red ilegal para la adquisición de bienes y la conformación de empresas de papel.

De acuerdo con el material probatorio, recolectado desde 2016, a raíz del testimonio de una fuente humana y la entrega de pruebas documentales, Pedro Aguilar se habría quedado con una millonaria suma de dinero derivada de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones de carga, vehículos que, según las evidencias, nunca fueron destruidos.

María Alejandra Aguilar fue recluida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur del Valle del Cauca, mientras que su esposo Felipe Cucalón, y su tío, Luis Eduardo Aguilar, en la cárcel de Villahermosa.