Este resultado es producto del trabajo en equipo entre la Oficina Jurídica y el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, encabezado por la directora general, Susana Correa, el cual, durante la presente vigencia, estudió 106 solicitudes de conciliación. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, verificó que con la implementación y cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico para el año 2018, basada en la metodología de ese organismo, se evitó que el Estado colombiano fuera condenado en una cuantía estimada en $38.000 millones.
“Todas las entidades del Ejecutivo somos sujeto de la evaluación por parte de la Agencia y tenemos contacto en línea con ese organismo, a través del cual se puede verificar el número de demandas que nos son interpuestas, también si se realizó la defensa oportunamente y el valor de las pretensiones, entre otros”, manifestó Lucy Edrey Acevedo. jefe de la oficina jurídica del DPS, quien agregó que este seguimiento arroja indicadores que le permiten a la Agencia determinar si la gestión de defensa judicial es eficiente o no.
Una vez adoptada la Política de Prevención del Daño Antijurídico en cada vigencia, se expide a nivel interno un acto administrativo que es socializado entre todos los funcionarios de la Entidad y supervisores de contratos para evitar, por falta de conocimiento u otros factores, incurrir en conductas que lleven a terceros a demandar a Prosperidad Social.
