La Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se mostró en total desacuerdo con la demanda presentada ante la Corte Constitucional con la que se busca eliminar la ley de cuotas (Ley 581 de 2000), específicamente el artículo 4°, mediante el cual se garantiza la participación efectiva de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio y dijo que la paridad se ha venido discutiendo en todo el mundo.

La funcionaria manifestó que “Colombia se ha demorado demasiados años en reconocer que las mujeres colombianas tenemos capacidades, talentos, inteligencia y derechos iguales a los que tienen los hombres. Todo este tema de las leyes de cuotas y la paridad es algo que se ha venido discutiendo en el mundo entero”, señaló.

Si bien es cierto que la participación de la mujer alcanzó el 41% en el máximo nivel decisorio, llegando en 20108 al 42% y al 45% en otros niveles, el hecho que esta medida se reverse estaría entregando un mensaje erróneo sobre el desempeño de ese porcentaje de mujeres en cargos de nivel decisorio.

“La ley 581 fue un comienzo, el punto de partida que exigía que por lo menos el 30% de los cargos directivos estuvieran ocupados por mujeres. Ese proceso de 18 años nos permitió ir evolucionando y hoy tenemos por primera vez un gabinete paritario. Esta convicción que tengo de impulsar los derechos de las mujeres lo vamos a hacer hasta el último día de este gobierno; pero lograr los cambios estructurales en la cultura de la sociedad colombiana, lastimosamente tomará mucho más tiempo que este periodo presidencial, por esa razón no estoy de acuerdo en eliminar esa ley de cuotas”, señaló la Vicepresidenta.

La ley no puede convertir el 30% en un techo de cristal. “Lo que vemos es que la sociedad colombiana todavía sigue siendo machista y excluyente, pero poco a poco tenemos que lograr que las mujeres que tiene cargos de poder, cada una de nosotras, abrir más espacios”.

Asimismo, fue enfática en señalar que el 51,4% de la población colombiana es mujer y que tener “más mujeres trabajando por Colombia es la garantía de más desarrollo, inclusión y progreso para nuestro país”.

La justificación de este tipo de acciones no es, desde ningún punto de vista, una violación de los derechos de la población masculina, ya que la Constitución contiene una cláusula expresa que permite adoptar este tipo de medidas, lo mismo puede decirse frente a la naturaleza jurídica de los cargos de libre nombramiento y remoción pues la cuota “mínima” establecida en la ley, no supone un derecho adquirido frente a un cargo de esa naturaleza, lo que obliga a la mujer postulada a cumplir los requisitos de idoneidad y experiencia establecidos para tener la posibilidad de acceder al mismo.

Por su parte Ana María Tribín, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, afirmó que “estamos en desacuerdo total con la idea de eliminar las cuotas en los cargos directivos para mujeres en el sector público, porque todavía no estamos en el momento que hay igualdad de oportunidades para mujeres, por eso tenemos que hacer acciones afirmativas. Estoy segura, como economista y como Consejera, que el mercado por sí solo no le da las mismas oportunidades a las mujeres, tenemos que tener estas acciones afirmativas”.