El demandante, el abogado Andrés de Zubiria, asegura que la ley de financiamiento concertada entre el Congreso y el Gobierno Nacional, viola los principios tributarios y de equidad, al aumentar los impuestos de renta de las personas de a pie y disminuir los impuestos a las empresas o personas jurídicas.

“La ley no cumple el mandato de la Constitución sobre la progresividad, es decir el que más tiene más paga impuestos. Acá lo que se establece es el principio de la regresividad”, dijo el abogado.

“Vulnera flagrantemente el principio de progresividad, ya que disminuyó el Impuesto de Renta para las personas jurídicas, así: al 33% para el año gravable 2019, al 32% para el año gravable 2020, al 31% para el año gravable para el año 2021 y al 30% a partir del año 2022”, señala parte del texto de la demanda.

Se trata de la Ley 1943 de 2018, que fue demandada ante la Corte Constitucional y que expide normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general.

En dicha reforma se aplicaron medidas para modificar el impuesto al consumo, el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio.