Este lunes se reveló un documento del protocolo firmado por el gobierno anterior, con la guerrilla del ELN, en caso de una ruptura de las conversaciones de paz con ese grupo alzado en armas.
Según el documento, del 5 de abril de 2016 y firmnado por Frank Pearl, jefe de la delegación del gobierno y Antonio García como jefe de la delegación de la guerrilla del ELN: “Si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir del anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN”.
Y agrega el documento que: “El documento para el procedimiento del retorno de la delegación del ELN, se acordará y redactará en reunión con los países garantes, delegados del gobierno colombiano y delegados del ELN. Teniendo como modelo los protocolos para los traslados de la delegación del ELN durante los diálogos de paz”.
Acerca de operaciones militares dentro del retorno de la delegación del ELN, dice el protocolo: “En caso de que sea necesario inserciones en territorio colombiano de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión esté por definir”.
El gobierno del presidente Iván Duque Márquez reiteró en forma tajante que, sustetado en una declaración del Consejo de Seguridad de Naciones, ONU, no reconoce ni le da validez o aplicabilidad, a los famosos protocolos firmados con el Eln por al anterior gobierno y por ello anunció que insistirá ante el gobierno de Cuba para que entregue a los 10 cabecillas del grupo terrorista instalados en La Habana.
En rueda de prensa junto con el alto comisionado de paz Miguel Ceballos, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo informó que la víspera se le envió un nueva nota al gobierno cubano solicitandole “muy respetuosamente” que haga efectivas las ordenes de captura y ponga a disposición de las autoridades nacionales a los sujetos.
“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas caracteriza lo ocurrido como un acto terrorista y condena con la mayor firmeza posible, el atentado perpetrado en la Escuela Nacional de Policía General Santander, en Bogotá, el 17 de enero de 2019, que dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos”, declaró el canciller.
Resaltó que los miembros del Consejo de Seguridad reafirman que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional y subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores organizadores financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo.
Añadió que además “instan a todos los estados a que de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes”.
Holmes Trujillo advirtió que de acuerdo con estos pronunciamientos del Consejo de Seguridad, sobre el ataque con carro bomba en Bogota, que el mismo Eln aceptó públicamente haber ejecutado, Cuba, como miembro de la ONU, comprometido en la lucha contra el terrorismo, está obligado entregar a los autores, promotores y financiadores de estas acciones.