La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 28 presuntos integrantes de del Grupo de Delincuencia Organizado (GDO) San Pablo, como presuntos responsables de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado.

Los investigadores del Gaula de la Policía Nacional lograron establecer que los procesados harían parte de las bandas La Avanzada y El Pinar, cuyos integrantes tienen el monopolio sobre la comercialización de productos de la canasta familiar como huevos y arepas, en la parte alta de la comuna nororiental de la capital antioqueña y algunos sectores del vecino municipio de Bello. También se presume que exigían la denominada vacuna a los carros repartidores de gas.

En algunas zonas cobraban además la suma 5.000 pesos semanales a cada vivienda, para permitirles el suministro de agua no potable de un acueducto veredal.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por doble homicidio agravado en contra de Arlex Herrón García, alias el Gordo, uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal y quien habría ordenado la muerte de Robinson Alexánder Figueroa Pérez y de Marco Andrés Vargas Correa, quien tenía discapacidad auditiva.

Las víctimas fueron baleadas e inhumadas a mediados del mes de noviembre de 2018 y fueron exhumadas por la Fiscalía el 4 de diciembre del mismo año, en una zona despoblada.

Durante los operativos de allanamiento y captura, las autoridades se incautaron de 13 teléfonos celulares y 31 millones de pesos en efectivo, al parecer producto de las actividades ilegales. Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal especializado de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín.

El Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso las medidas restrictivas de la libertad y ordenó el embargo del dinero incautado.

Desde el año 2017 a la fecha, el trabajo articulado de la Fiscalía y al Policía permitió la captura de 100 presuntos integrantes de la citada macroestructura criminal. Más del 70% de los procesados ya tienen sentencia condenatoria.