Durante la primera parte del actual período legilativo y con el fin de derogar cerca de 12 mil normas por obsoletas o que han sido remplazadas por otras, el Senado de la República aprobó el semestre pasado, en segundo debate, un proyecto radicado por el ministro de Justicia del gobierno anterior, Enrique Botero Gil.
Normas como la Ley 13 de 1880, por la cual se concede una autorización al Poder Ejecutivo, a través de la cual “El Poder Ejecutivo procederá a celebrar un arreglo con el señor Arzobispo de Bogotá o con la persona con quien corresponda, para que la parte del edificio del Colegio de San Bartolomé de Bogotá, que ha servido de local del Seminario conciliar y todos sus anexos, queden siendo esclusivamente propiedad del Colegio de San Bartolomé”.
O la Ley 3 de 1873, “Que aprueba el contrato celebrado por el Poder Ejecutivo con Roberto A Joy, sobre la construcción de un ferrocarril entre el lago de Paturia y un lugar inmediato a la ciudad de Bucaramanga, y de otro que ponga a Cúcuta en comunicación con aquel”, y que, por haber concluido su objetivo, ya no deberían estar en la legislación colombiana.
Esta iniciativa contó con la ponencia favorable del senador Eduardo Enríquez Maya y según la motivación de la iniciativa, dichas normas fueron identificadas por las oficinas y dependencias jurídicas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional como depurables, dado el agotamiento de su objeto, su estado de desuso, su situación de obsolescencia, anacronismo, de incompatibilidad con el régimen constitucional vigente, la concurrencia de derogatoria orgánica o que no hayan sido adoptadas como legislación permanente.
El Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico coordinó la labor de identificación de las normas que deberían ser depuradas, de 15.772 normas de rango legal expedidas entre 1880 a 2014, se identificaron 12.703 como posibles candidatas a ser depuradas, siendo 11.9011 avaladas por los 24 sectores de la Administración Pública Nacional.
Esta iniciativa que ya cumplió su trámite en el Senado de la República se encuentra en consideración de la Cámara de Representantes en este nuevo periodo legislativo, para culminar su trámite en esa corporación y se pueda convertir en nueva Ley de la República.
