–La captura del director de la Cárcel Modelo de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo, de la cual informamos ampliamente la víspera en la web de Radio Santa Fe, se produjo junto con otros dos funcionarios del centro pentenciario y dos civiles, supuestamente integrantes de una red de corrupción que opera en esta y otras cárceles del territorio nacional.

Las acciones se realizaron en el marco de la “Operación celdas”, tras una paciente investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que se inició el año pasado y cuyo primer resultado fue la captura del director de la Cárcel de La Picota, Luis Francisco Perdomo.

Las familias de los reclusos y los mismos internos pagaban a funcionarios del Inpec por obtener beneficios en las celdas. Adicionalmente, se constató omisiones en la verificación de las detenciones domiciliarias a cambio de sobornos.

A través de la red de corrupción se ingresaba drogas, celulares y otros elementos restringidos, se permitían visitas en horarios no autorizados y se hacían traslados a patios en los cuales los internos gozaban de los mismos privilegios. Para ello, había tarifas que oscilaban entre 100 mil y 3 millones de pesos.

Tanto en La Modelo como en La Picota se utilizaban casas y bodegas cercanas en las cuales se almacenaban los ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran ingresados ilegalmente a los centros penitenciarios.

Ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas por supuestas redes de corrupción, los reclusos eran trasladados de patio y, supuestamente, no se les garantizaba su seguridad.

#OperaciónCeldas: #Fiscalía desarticuló redes de corrupción de funcionarios del Inpec, directivos de cárceles La Modelo y La Picota, y particulares. Al parecer exigían sobornos para favorecer a reclusos. 13 capturados, entre ellos el director de cárcel La Modelo y su conductor. pic.twitter.com/NlFkgMrhGK

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 30, 2019

El material recopilado estableció que una vez ingresaba un detenido a la cárcel, el director de La Modelo hacía un estudio para establecer la capacidad socioeconómica del interno y definir el patio al que podía ser enviado.

Por ejemplo, en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar 3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar.

Los testimonios y la evidencia técnica en poder de la Fiscalía permitieron conocer que los sobornos eran entregados al conductor del director la cárcel La Modelo o a uno de sus escoltas.

En otras oportunidades, los familiares de los reclusos llevaban los pagos a la casa de ‘el paisa’, un hombre que pertenecería a la red de corrupción y tenía un inmueble frente a la cárcel.

La Fiscal de conocimiento estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del Inpec, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos.

La investigación puso al descubierto una especie de tarifario que habría sido impuesto por el personal del Inpec hoy investigado y los particulares que estarían vinculados a las irregularidades detectadas. Por ejemplo:

-Permisos para cumplir citas médicas, al parecer, tenían un costo de 2 millones de pesos, pero si el chequeo era en EPS o medicina prepagada ascendía a 3 millones de pesos.

-Ingresar whisky valdría 600 mil pesos; celulares, 400 mil; y droga, 500 mil, la libra.

-Autorizar el ingreso de personas en horarios no permitidos ascendería a 500 mil pesos al patio tres y 150 mil pesos a los patios comunes.

El fiscal destacó que durante los registros y allanamientos en las inmediaciones de La Modelo, los investigadores del CTI de la Fiscalía se incautaron droga, especialmente marihuana, cerca de 9 millones de pesos en efectivo y otros elementos que están en proceso de conteo y valoración.

Adicional a las capturas realizadas este miércoles por los hechos de corrupción detectados en la Cárcel La Modelo de Bogotá, recientemente fue desarticulada en La Picota, ubicada al sur de la capital, lo que sería una organización criminal que, al igual que lo detectado en La Modelo, tenía a su servicio casas y bodegas para recibir ‘encargos’ o ‘encomiendas’ que eran ingresados ilegalmente al centro penitenciario con la supuesta ayuda de algunos guardianes.

Según la investigación, también existía un esquema de tarifas por beneficios otorgados a los reclusos, entre ellos, visitas, traslados, etc. Los valores eran los siguientes:

El ingreso de perfumes en frasco podría costar 100 mil pesos, peros si iba con su caja y empaque original ascendía a 150 mil pesos. La entrada de una muda de ropa podría superar los 300 mil pesos, según la marca, e ingresar un reloj, 3 millones de pesos.

Autorizar visitas oscilaría entre 100 mil pesos, si era a un patio común, y 3 millones de pesos si se trataba del patio de extraditables.

Además, autorizar visitas íntimas o ingreso de acompañantes tenía un costo superior a los 3 millones de pesos.

Todos estos valores fueron conocidos gracias a cientos de horas de audios que corresponden a las conversaciones en las que los integrantes de la red criminal negociaban desde servicios sexuales hasta traslados.

Por estos hechos, fueron capturados cinco guardianes:

John Alexánder Sánchez Porras
Leonardo Bermúdez
John Freddy Guzmán Tafur
Jonathan David Escárraga
Wilson Ferley García Mahecha
Y los particulares:

Ángel Custodio Sánchez Galeano y su esposa Jenny Paola Castillo Vásquez, propietarios de la casa cercana donde se almacenaban las “encomiendas”. En el allanamiento en la residencia fueron encontrados 9 millones de pesos en efectivo, cinco celulares y los elementos empacados y listos para ingresar al penal.

María Liliana Yuste Vásquez, familiar de Castillo Vásquez.

Estas ocho personas fueron presentadas en audiencias concentradas y judicializadas. A los guardianes les imputaron cohecho propio y concierto para delinquir; mientras que a los particulares les formularon cargos por cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira estableció que los preocupantes casos de corrupción afectan no solo a La Modelo y La Picota, sino a otros centros carcelarios del territorio nacional.

Martínez Neira advirtió que el sistema penitenciario y carcelario en Colombia enfrenta una de las mayores crisis por culpa de la corrupción y que así quedó en evidencia con la operación ‘Celdas’, en la que la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Justicia y el Inpec, desarticuló redes de funcionarios del Inpec y directivos de las cárceles que estarían involucrados en sobornos para favorecer a los reclusos.

Inicialmente, el director de La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, fue capturado el 27 de septiembre de 2018, con 20 millones de pesos en efectivo que corresponderían al pago hecho por los familiares de un extraditable a quien, supuestamente, favorecería con visitas no avaladas por el reglamento del penal.

El funcionario fue judicializado y recibió medida de aseguramiento en cárcel por los delitos de concusión en concurso homogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de autor.

Entre tanto, en la Cárcel La Modelo, gracias al material probatorio recaudado, investigadores del CTI de la Fiscalía realizaron diligencias de registro y allanamiento en la localidad de Puente Aranda y en distintos puntos del norte de Bogotá.

En los procedimientos judiciales fue capturado el director, coronel del Inpec César Augusto Ceballos Giraldo, y otras cuatro personas que habrían diseñado un esquema de corrupción para conceder beneficios a los reclusos, permitir el ingreso de drogas y otros elementos restringidos por el sistema penitenciario o avalar visitas en horarios no autorizados.

Los capturados junto con el director de La Modelo, son el Capitán Néstor Daniel Bernal Reyes, jefe de vigilancia de los patios; Yovanny Esteban Rincón Cardozo, conductor del director; José Armando Suarez, alias “el paisa” y Ana Rosa Casas Martínez, propietarios de dos inmuebles cercanos a las instalaciones carcelarias.

Todos serán procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En desarrollo de la operación ‘Celdas’, la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y Ejército Nacional, realizó una jornada de verificación de cumplimiento de las medidas de aseguramiento domiciliarias impuestas a procesados.

Según el Inpec, en Colombia 60 mil personas son beneficiadas con detención domiciliaria y la Fiscalía revisó el estado de 782 de ellas. Estos fueron los resultados:

376 de los detenidos estaban evadidos, no han vivido ni residen en el domicilio reportado al Inpec o la dirección entregada no corresponde (48%).

406 de los verificados se encontraban en el lugar reportado para la detención domiciliaria (52%).

Las personas involucradas en estas irregularidades son procesadas por delitos como: homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, receptación y hurto calificado y agravado.

De otra parte, la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía solicitó en la última semana, 10 audiencias de imputación de cargos y tres órdenes de captura contra funcionarios del Inpec por algunos de los siguientes delitos:

-Sobornos
-Irregularidades en el pago de servicios y combustible
-Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
-Favorecimiento para la fuga
-Falsedad en documento público y privado