El senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) inició hoy la audiencia pública, en la que se analizó la crisis de Medimás, señalando que el Tribunal Superior de Cundinamarca había suspendido la venta de esa EPS, tras resolver una medida cautelar interpuesta, lo que indica que este negocio de compraventa no se puede realizar si no existen las garantías necesarias para los afiliados y trabajadores de esa entidad de salud.
Así mismo, durante el evento hicieron presencia diferentes voces de agentes gremiales, autoridades, expertos, prestadores de salud, médicos, trabajadores de la salud y pacientes, todos víctimas de un modelo que tiene enferma a la salud.
Uno de los que intervino fue José Antonio Soto, contralor Delegado para el Sector Social, quien señaló que el pasado 18 de enero, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, le envió una comunicación al procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en la que le expresó su preocupación por cuanto consideraba que no había claridad en lo relacionado a las condiciones de un posible nuevo operador de Medimás y en especial en lo que se refería al origen de los recursos.
Explicó que desde el año pasado la Contraloría General de la Republica viene realizando ejercicios de auditorías a Medimás. Por ello cedió la palabra a una experta en auditoría del ente fiscal, quien afirmó: “Encontramos pagos de intereses de mora en servicios públicos, bonificaciones a empleados y directivos de la empresa y pagos a un proveedor que suministra estrategias de comunicación y relaciones públicas que no tenía relación con la prestación del servicio”.
Durante el evento también hizo presencia Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, quien dijo que la historia de Medimás ya era la crónica de una muerte anunciada y que volver a realizar una transacción de este tipo dejaría en vilo a los 4.2 millones de colombianos que se encuentran afiliados a esta EPS.
“Hemos advertido desde siempre la disfunción de Medimás y de otras EPS, así como la integración vertical. Por lo tanto pido la intervención de las autoridades”, afirmó Giraldo.
A su vez, María Camila Aguirre, vicepresidenta Jurídica de Medimás, aseguró que en ningún momento los usuarios se encuentran desamparados por la EPS. Además aseguró que están dispuestos a explicar los motivos de algunos pagos y bonificaciones que se realizaron.
“Nosotros estamos obligados a seguir prestando el servicio, así que con venta o sin venta estamos comprometidos. Somos más de tres mil empleados para darle este cumplimiento”, precisó la funcionaria de Medimás.
Pero sin duda, una de las preocupaciones de quienes se oponen a que Medimás quede en manos de extranjeros es que termine convirtiéndose en foco de corrupción, por ello el senador Jorge Enrique Robledo concluyó la audiencia afirmando: “Las cosas sí pueden cambiar sin estatizar el sistema. Se puede promover una unidad, pues la ley debe ser para la salud de los colombianos y no para los intermediarios y pillos”.
