–Los asesinatos de líderes sociales se podrían considerar de lesa humanidad y esta condición abriría la posibilidad de que organismos de justicia internacionales puedan entrar a investigarlos, según un informe elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, en conjunto con otras 8 entidades y organizaciones no gubernamentales nacionales.

Según el estudio– “Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo”–-, similitudes en la naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas y de victimarios, el modus operandi y la espacialidad de los crímenes que han cobrado la vida de 343 líderes sociales entre el primero de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, los crímenes han sido “perpetrados de manera reiterada, metódica y no aleatoria”.

Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), indicó que de considerarse crimenes de lesa humanidad, se abriría la posibilidad de que organismos internacionales puedan entrar a investigar dichos asesinatos.

“Que sea un fenómeno generalizado no tiene dudas, por la cantidad de víctimas y por la distribución geográfica. El discurso negacionista del Estado colombiano giraba en torno a la sistematicidad, reconocida por unas instituciones y negada por otras”, explicó el investigador, quien participó en la elaboración del informe.

Para él, según lo que demuestra el documento –que es la continuación de uno publicado en octubre de 2017–, y con base en la jurisprudencia internacional, sí existen patrones que permiten definir la sistematicidad del fenómeno, algo que hasta ahora algunas instituciones del Estado están aceptando.

En el informe trabajaron conjuntamente el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), la CCJ, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascancat), el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la Confederación Acción Comunal de Colombia y la plataforma Verdad Abierta.

Refiriéndose a la naturaleza de este fenómeno de violencia, el documento muestra que entre los actores identificados como fuente de las amenazas, ocho eran de grupos paramilitares y cuatro de grupos de desertores de las FARC-EP; que las armas más usadas son las de fuego, y que al menos 106 líderes y defensores fueron asesinados en su lugar de vivienda, es decir el 41,24 %.

“Saber cómo están matando a los líderes sociales nos da pistas de que no son casos aislados. Saber que los siguen a sus casas, que tienen estudios de sus perfiles, nos aclara cada vez más que no son accidentes, que no son simplemente víctimas de un atraco o de un delincuente”, asegura Juana Afanador, doctorante de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.

Así mismo el informe señala que al menos 27 de las víctimas posacuerdo (10,5 %) fueron previamente amenazadas, lo cual puede indicar que a este grupo poblacional lo están asesinando sin advertencias, o que estas no son denunciadas.

Para la investigadora Afanador, estas cifras también muestran que muchas veces las víctimas tienen miedo de informales a las autoridades que han sido amenazadas, porque pueden ponerse en un riesgo mayor: “aquí existe un debate entre si se debe denunciarlo y mediatizarlo al máximo, o más bien guardar un bajo perfil y no hacerlo para no ponerse en riesgo”.

El profesor Fabio López de la Roche, del Iepri, hizo un llamado a que los medios de comunicación le den mayor atención a este tema, que tiene que ver directamente con un aspecto fundamental para la democracia como son los liderazgos sociales; además calificó este fenómeno de violencia como “una verdadera tragedia y una hecatombe social”. (Información Agencia de Noticias U.N).