La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “está avanzando en el examen” de la denuncia que Argentina y otros cinco países presentaron contra Venezuela ante este tribunal, dijo hoy a Efe el ministro argentino de Justicia, Germán Garavano.

Una delegación argentina encabezada por Garavano mantuvo hoy reuniones en La Haya con la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y el presidente del tribunal, Chile Eboe-Osuji.

“Se nos informó por parte de la Fiscalía que ellos estaban avanzando en el examen de esa presentación que hizo Argentina junto a otros cinco países”, dijo Garavano.

Preguntado por una eventual investigación sobre Venezuela por parte de la CPI, el ministro señaló que su país “respeta la independencia tanto de la fiscal como del presidente de la corte”.

Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron a Venezuela ante el tribunal internacional el pasado 26 de septiembre en un paso sin precedentes, pues se trató la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados Parte remitieron a la Fiscalía la situación de un tercer país.

“La confianza que tiene no solo Argentina, sino todos los países de la región en esta corte, motivó que se presentara hace unos meses el caso de Venezuela”, porque “se podrían haber cometido violaciones severas de los derechos humanos” y “alguno de los crímenes que la corte se ocupa de juzgar”, dijo Garavano.

La remisión colectiva de esos seis países tiene como consecuencia que, si la Fiscalía concluyera que se cumplen los requisitos para abrir una investigación plena, podría hacerlo sin pedir autorización a los jueces de la CPI.

No obstante, la oficina de Bensouda debe estudiar si se cumplen las condiciones suficientes para intervenir, como el principio de complementariedad (comprobar si la Justicia venezolana ha investigado de forma genuina los hechos denunciados) y si los delitos entran dentro de su jurisdicción.

Mañana viernes se cumple un año del examen preliminar que la fiscal general abrió a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y en centros de detención. EFE