–Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diez y ocho organizaciones no gubernamentales, ONGs, denunciaron que en Colombia hay más de 83 mil víctimas de desaparición forzada y además, 26 mil cuerpos sin identificar en 426 cementerios diagnosticados por el Ministerio del Interior, pese a lo cual “no hay una política articulada del Estado ni tampoco una asignación presupuestal que corresponda a la dimensión e importancia para la búsqueda y reconocimiento de las víctimas”.

La denuncia la presentaron este viernes en el marco de una audiencia celebrada en las sede de la CIDH en Washington, en la cual las ONGs presentaron la magnitud de la desaparición forzada en Colombia y “las prácticas de ocultamiento de las víctimas en cementerios, fosas comunes y otros lugares”.

En la audiencia, las organizaciones sociales pedieron seguimiento y garantías para las víctimas de desaparición forzada y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

En la sesión, los voceros de la “sociedad civil” colombiana hicieron un llamado sobre la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas, la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación (entierro), y la participación efectiva de las víctimas en las entregas de los cuerpos de sus seres queridos.

En el documento advierten que la cifra de las más de 83.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia corresponde a un informe oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), pero, agregan, puede ser mayor según las denuncias de organizaciones de derechos humanos y los subregistros de la información.

“Es decir, Colombia podría tener entre tres y cuatro veces más personas desaparecidas que las registradas durante la dictadura en Argentina”, precisan.

En la audiencia resaltaron la situación de los cementerios municipales, en los que, según las propias cifras de instituciones del Estado, existen más de 26.000 cuerpos sin identificar. “Se desconoce la situación en la que se encuentran muchos otros municipios afectados por el conflicto armado, además del número total de cementerios”, agregan.

Señalan que si bien existe un marco normativo que protege a las víctimas y una reglamentación específica para el manejo de cuerpos de personas no identificadas -PNI en los cementerios, en la práctica la situación es dramática en buena parte del país, con riesgos permanentes de extraviar cuerpos, de perder documentación, cementerios sin condiciones mínimas de salubridad y falta de control y de personal adecuado. La situación es mucho peor en las fosas comunes y sitios sin regulación que no tienen una sola medida de protección.

Para ejemplificar las denuncias, durante la Audiencia se presentaron casos específicos de cementerios que se encuentran en estado crítico y que reflejan una problemática nacional, como el de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia en Colombia.

Otra denuncia que hicieron “es que las instituciones estatales no siempre cumplen los protocolos de entrega digna de los cuerpos de las víctimas que ya han sido identificadas. En algunas entregas no se permite a las familias participar en la preparación de las ceremonias ni conocer de qué forma las entidades identificaron el cuerpo”.

Todas estas problemáticas–puntualizan– requieren que las entidades estatales actúen de forma articulada, desplieguen mayor asignación presupuestal y desarrollen inversiones necesarias y urgentes. Hasta la fecha ha faltado una política de acción integral y efectiva para proteger lugares con cuerpos de personas no identificadas, lo que se entiende también como una falta de trato digno de las víctimas y sus familiares. Esta articulación resulta de extrema necesidad en este momento que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha iniciado sus labores”.

Destacan que “la CIDH ha emitido recomendaciones para Colombia sobre casos de desaparición forzada y búsqueda de las víctimas, pero la implementación ha sido insuficiente y los resultados siguen siendo pobres, teniendo en cuenta la dimensión de la problemática. Por lo que se solicita a la CIDH hacer seguimiento y dar atención y acompañamiento especializado para el cumplimiento de los deberes y compromisos del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La audiencia de Colombia en la CIDH fue solicitada por 18 organizaciones sociales , que fueron representadas durante la intervención por abogadas y abogados de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -OFB, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y la Corporación Jurídica Libertad -CJL, en la ciudad de Sucre, Bolivia.