–El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, puso en marcha la Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público con miras a destrabar 7 convocatorias a las cuales se han inscrito más de 250 mil aspirantes para proveer 14 mil vacantes en el Estado.

De la mesa hacen parte la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y asiste como observador el Centro de Pensamiento de Evaluación y Meritocracia de la Universidad Nacional.

En la actualidad, de 16 convocatorias para proveer cargos públicos, 7 se encuentran suspendidas porque presuntamente no contaron con el aval de las entidades, situación que afecta más de 14.000 vacantes y a 252.748 inscritos.

En 4 sesiones de trabajo que ha tenido la Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público, la Procuraduría ha insistido en la obligación que tiene el Estado de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional del mérito como principio fundamental para el ingreso y permanencia en el empleo público, y en la necesidad de reducir y controlar los contratos de prestación de servicios, que hoy ascienden a 243.427 en todo el territorio nacional, mientras se registran 360.705 cargos de planta.

Según datos de la Función Pública, para marzo de 2018, el número de vacantes en la Rama Ejecutiva a nivel nacional era de 35.265, mientras que a nivel territorial llegaba a las 135.405. Los cargos en provisionalidad sumaban en total 117.841.

Entre los acuerdos que ha logrado la mesa está la expedición de una circular conjunta entre la Función Pública y la CNSC para esperar las decisiones que tomen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y unificar la jurisprudencia sobre la suspensión de las convocatorias, los nombramientos en periodo de prueba de quienes están en lista de elegibles, y la constitucionalidad del numeral 1 del artículo 31 de la ley 909 del 2004 (que señala que las convocatorias deben ser suscritas entre la CNSC y las entidades).

La comisión se comprometió en la mesa a no conminar a las entidades a efectuar los nombramientos, hasta tanto las altas cortes emitan una decisión de fondo que permita unificar criterios jurídicos para continuar con los procesos, y así evitar más traumatismos debido a la inseguridad jurídica que generan las posiciones diversas de los jueces de tutela.

La Procuraduría solicitará a la Corte Constitucional la selección de una tutela, de las 458 presentadas por quienes se encuentran en lista de elegibles en firme y no han sido nombrados, para que unifique criterios acerca de la procedencia o no de nombrarlos.

En la mesa también se acordó que la CNSC presentará al Ministerio de Hacienda el cronograma de planeación con costos para efectuar las convocatorias de los cargos vacantes del nivel nacional para este cuatrienio, con el propósito de que el Gobierno Nacional revise la posibilidad de que los recursos sean girados directamente a la comisión.

Adicionalmente, la CNSC evaluará una propuesta para bajar los costos de las convocatorias para proveer cargos en el Estado. Aunque ya se dio un primer paso al reducir esos valores de 8 millones a 3,5 por cada vacante, el propósito de la mesa es que esa cifra siga cayendo, utilizando la economía de escala y asociando en una convocatoria a varias entidades.

Actualmente se encuentran suspendidas, por orden del Consejo de Estado, 7 convocatorias para proveer vacantes en todas las superintendencias, los ministerios de Trabajo, Interior, Justicia y Derecho, Educación, Cultura, Salud y Protección Social, Coldeportes, las secretarías de Hacienda y Educación de Bogotá; y entidades públicas de los departamentos de Antioquia y algunos municipios de Valle del Cauca, entre otras.