–Los delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 como el narcotráfico, la extorsión, delitos sexuales y homicidio debieron ser excluidos de la Jurisdicción Especial de Paz. La reinserción es para que los desmovilizados entren a la vida civil como ciudadanos de bien, pero ni más faltaba que puedan seguir delinquiendo y manteniendo los beneficios.

Las precisiones corresponden al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en una extensa carta que envió al presidente de la República Iván Duque Márquez, en la cual hace duros reparos a la Ley y le pide tácitamente objetar estas y otras normas.

Martínez Neira señala cuatro puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, que afirma, desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a DDHH y lucha contra la impunidad.

-Permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016 y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la JEP. No es posible que beneficios convivan con el delito.

-Permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.

-Paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional.

-Permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra,delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables,preocupación expresada también por la Fiscal de la CPI.

A continuación reproducimos los términos de la misiva: