Propietarios de buses intermunicipales aseguraron que llegarían a pagar hasta 7 millones de pesos mensuales adicionales por aporte a seguridad social.

“La inclusión del 55% en el valor de la base de cotización de seguridad social, planteado en el artículo 140 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para los rentistas de capital, que fue presentado la semana pasada ante la Cámara de Representantes, es un descalabro para la clase media del país”, así lo alertaron los empresarios de transporte terrestre intermunicipal, quienes se ven fuertemente afectados con la medida.

De acuerdo con las cifras estimadas por los empresarios del transporte público terrestre, la variación en la base de aporte a salud y pensión establecida en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye a los rentistas de capital, sería el gran retroceso para la clase media, ya que generaría un doble pago para conductores y propietarios de vehículos. Por ejemplo, un propietario de un taxi individual que actualmente en promedio realiza un aporte mensual como trabajador independiente de $300.000 pesos al sistema, con la aprobación del artículo estaría pagando, en promedio, $627.000 adicionales al valor actual por ser propietario del vehículo.

En el caso de un propietario de un bus intermunicipal, que actualmente en promedio paga entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, ahora pagaría $7.053.750 pesos adicionales al valor actual. Un propietario de una camioneta que hace recorridos cortos intermunicipales, pagaría $3.135.000 de pesos adicionales y un propietario de bus de servicio especial, pagaría $940.500 pesos mensuales adicionales.

“Actualmente, todos los propietarios por norma, ya están aportando al sistema de seguridad social, sin embargo, de aprobarse dicho artículo, que modificaría las condiciones para los rentistas de capital, tendrían que pagar un 55% de base de liquidación sobre los ingresos brutos de los vehículos de servicio público. Una verdadera amenaza para las empresas y los propietarios”, manifestó Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte.

El dirigente gremial manifestó que “esta decisión del Gobierno beneficiaría a los fondos de pensiones y al sistema de salud, pero no a los empresarios ya que es un recaudo que además de injusto e injustificado generaría un gran retroceso para el desarrollo del país, ya que desincentiva la venta de vehículos y promueve la salida de muchos empresarios del sector”, puntualizó García.