Precisamente, frente a los operadores EGOBUS S.A.S y COOBUS S.A.S, que entraron en cesación de actividades para las zonas de Suba Centro, Perdomo y Fontibón, la Contraloría inició una indagación preliminar en noviembre de 2016 en la cual se estableció la no implementación del sistema al 100 % lo que impactó los ingresos de TransMilenio S.A. afectando la gestión financiera con pérdidas de su propio patrimonio, hechos que evidenciaron un detrimento patrimonial por valor de $2.800 millones.
Para la Contraloría de Bogotá también es preocupante que a los consorcios COOBUS y EGOBUS se les ordenó el proceso de liquidación de los contratos y de conformidad con las resoluciones de liquidación unilateral expedidas por TransMilenio S.A., los valores adeudados por estos dos concesionarios a favor del Distrito asciendan a la suma de $ 78.538.303.872.
El Contralor Granados señala que desde el inicio de la implementación del SITP se presentaron falencias en la ejecución de los contratos celebrados como lo fue la ausencia de Terminales de Carga Asistidas –TCA´s, que permitirían cargar pasajes a la Tarjeta Tu Llave, incumplimiento en la programación y monitoreo de la flota y en el cronograma de chatarrización, ausencia en la implementación de cronogramas de rutas y falta de construcción de patios. Aspectos que fueron dados a conocer oportunamente en los informes de auditoría elaborados por el ente de control.
Ante estos hechos y dadas las consecuencias que generaron el desmejoramiento en el proceso de implementación del SITP, de los nueve operadores: Este es mi bus, Etib, Gmovil, Coobus, Masivo Capital S.A.S, Consorcio Expres, Suma S.A.S, Tranzit S.A.S y Egobus, dos de ellos, Coobus S.A.S y Egobus S.A.S manifestaron a TransMilenio S.A. la decisión de no continuar con la prestación del servicio público en las zonas de Fontibón y Suba Centro respectivamente, lo cual ha afectado sensiblemente la población que habita y trabaja en este sector de la ciudad.
El ente de control sostiene que no se debe desconocer a la Superintendencia de Puertos y Transporte quien ordenó a TransMilenio S.A, que en un término de seis meses contados a partir del 1 de noviembre de 2017, se implementara el Sistema Integrado de Transporte Publico- SITP, y acabara con la figura de PROVISIONAL, evidenciándose así que TransMilenio S.A. ha retrasado la realización del proceso para seleccionar la adjudicación de quién o quiénes serán los responsables de la operación del servicio público de transporte en las respectivas zonas, afectando así que se garantice la prestación óptima del servicio a los usuarios.
El Pronunciamiento entregado al Alcalde Mayor deja en claro que en cuanto a la implementación de rutas en el componente zonal, tan solo se refleja un avance del 58.3 %, del cual hacen parte 96 rutas alimentadoras y 271 urbanas para un total de 367. Es decir que el servicio público de transporte cuenta actualmente con una flota de 5.782 vehículos de un total de 10.515 vehículos requeridos para atender la demanda total de transporte público.
Por su parte, TRANZIT S.A.S, MASIVO CAPITAL S.A.S y SUMA S.A.S, solicitaron a la Superintendencia de Sociedades la admisión al proceso de reorganización, trámite que fue aceptado lo cual evidencia que de las nueve empresas seleccionadas por TransMilenio S.A., para garantizar la prestación del servicio público de transporte. Señala el documento que las empresas en riesgo pueden afectar a 4.43 millones de personas, que equivalen al 54,24 % de la población de Bogotá, siendo la situación más crítica en las localidades de Fontibón, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa.
En cuanto a las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda a TransMilenio S.A. desde julio de 2012 a diciembre de 2018, este organismo de control pudo establecer que se han transferido más de $4 billones para cubrir el déficit tarifario que genera el Sistema.
Finalmente, el Contralor Juan Carlos Granados le solicitó al Distrito Capital y TransMilenio garantizar la sostenibilidad, en los términos previstos en la Ley 1753 de 2015 y la continuidad de la prestación del servicio, ya que, como ha concluido la Corte Constitucional el servicio público de transporte está ligado a los derechos fundamentales de los ciudadanos y deben protegerse con rigurosidad.
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