El Departamento Administrativo de la Función Pública recuerda que el próximo 28 de febrero se vence el plazo para que las entidades públicas de todo el país reporten la vinculación y desvinculación de personal con el porcentaje de empleos ocupados por personas con discapacidad que se tenían al 31 de diciembre de 2018.

“Con la información que cada una de las entidades nos reporten, podremos tener, a finales de abril, el primer informe de caracterización de discapacidad en el sector público”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo, quien hizo énfasis en “el carácter fundamental que tiene el trabajo de la administración pública para seguir avanzando en un empleo público más inclusivo y que brinde oportunidades a las personas en condición de discapacidad”.

De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en la actualidad laboran para el Estado 1.941 servidores públicos con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 0.16% del total de trabajadores estatales, cifra que aún dista de las 12 mil personas que espera emplear el Gobierno nacional para el año 2022, en cabeza de Función Pública, la Alta Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo.

De los servidores con discapacidad vinculados, el 38% son de la Rama Ejecutiva del orden nacional, un 35% del orden territorial y un 21% de la Rama Judicial. Los sectores de Justicia, Defensa y Hacienda son los que emplean mayor número de servidores públicos con algún tipo de discapacidad.

Así mismo, se conoció que en el nivel Asistencial hay un 34% de servidores con discapacidad, seguido del nivel Profesional y Técnico con un 31% y 29% respectivamente; la discapacidad visual y física son las más representativas en los servidores públicos, y en cuanto a género, los hombres representan un 54% frente a 46% de participación de las mujeres.

Con el fin de asesorar a las entidades en el logro de este objetivo, la Función Pública ha realizado el acompañamiento con sus asesores a cada uno de los sectores administrativos y a los 32 departamentos durante este periodo.

¿Qué dice el Decreto 2011 de 2017?

La norma señala que para el 31 de diciembre del 2019, las entidades con plantas entre uno y 1.000 empleos deberán destinar el 2% de los mismos para personas con discapacidad, cifra que debe ascender al 3% para el 31 de diciembre de 2023; finalmente, para el mismo día de 2027 debe corresponder al 4% de la planta.

Así mismo, las plantas que cuenten de 1.001 a 3.000 cargos, deben destinar el 1% del total al finalizar el presente año; para el 31 de diciembre de 2023, la cifra ascenderá al 2% de la planta hasta alcanzar el 3% al cierre de la vigencia 2027.

Finalmente, las entidades con más de 3.000 cargos están en la obligación de destinar el 0,5% de los mismos a personas en condición de discapacidad antes de finalizar 2019; a 31 de diciembre de 2023, se asignará el 1% de los cargos de la planta; al finalizar 2027 se espera que asignen el 2% de sus cargos.