Procuraduría insiste en no eliminar redes y plataformas sino buscar educación y ciudadanía digital
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en la audiencia convocada por la Corte Constitucional sobre “Libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales”, defendió los derechos que tienen los ciudadanos a difundir sus opiniones, pero abogó por una sociedad crítica, informada, que no caiga en una tecnofobia, filtre contenidos y no haga eco a las noticias falsas.
Sostuvo que la necesidad de que haya un manejo responsable de la libertad de expresión no puede ser interpretado como una llamado a “eliminar las plataformas digitales como lo hizo Irán, Venezuela, Rusia y China recientemente, se trata de buscar educación y ciudadanía digital”.
“No basta con la sanción jurídica y punitiva de quienes utilizan las redes sociales para ofender y difamar; Necesitamos construir ciudadanos digitales libres, informados y con voluntad de paz, convivencia y solidaridad”.
Para Carrillo Flórez no es necesaria una exhaustiva regulación al uso de las redes sociales, sino contemplar elementos pedagógicos para los usuarios.
“Es esencial que los ciudadanos tengan la capacidad de tener una lectura crítica de los contenidos de las redes sociales (…) Que cada uno aprenda a distinguir entre la verdad y la falsedad, entre lo que es útil y la basura digital, entre el interés de las corporaciones y el de la ciudadanía”.
El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las plataformas digitales para que garanticen la transparencia de la información y para que prioricen la generación de soluciones y controles asequibles y amigables con los usuarios, e invitó a sus representantes a unir esfuerzos para que en las elecciones regionales “no proliferen las noticias falsas, la posverdad, y las otras patologías del mundo digital en este proceso electoral”.
El Procurador hizo un llamado a evitar la censura previa y advirtió que debe ser la justicia la que determine las responsabilidades cuando se transgredan los derechos de terceros. “Sigue siendo el juez el que debe establecer si hubo una violación a los derechos de otras personas, cuando se determine que el discurso tiene: hechos equivocados o falsos, apología al racismo, odio, guerra y explotación sexual de NNA”.
Finalmente, sentenció que en el uso de las plataformas digitales “el compromiso es mayor cuando se trata de servidores públicos” y agregó que “es inaceptable que sus redes se conviertan en un espacio de odios e insultos”.