El Consejo de Estado rechazó este martes la demanda de pérdida de investidura como senador, que había sido presentada contra el senador Gustavo Petro. En la demanda se argumentaba que Petro estaba inhabilitado para asumir su curul del 2018-2022 porque en su contra hay una condena fiscal de la Contraloría Distrital por un detrimento patrimonial.

Y agregó la demanda que en el artículo 38 de la ley 734 de 2002 se establece que en 2016 el ente de control fiscal le impuso una multa de 217 mil pesos a Petro por el daño patrimonial ocasionado a Bogotá por haber reducido las tarifas de TransMilenio.

También señaló que contra Petro existen tres “antecedentes disciplinarios” de la Procuraduría General, con lo que estaría inhabilitado para asumir el respectivo cargo de senador.

Para el magistrado Roberto Augusto Serrato, el demandante: “no precisó cuál es la causal por la cual se solicita la pérdida de investidura” de Gustavo Petro y “en consecuencia, tampoco procedió a explicarla debidamente”.

Y agregó que: “Además de que no allegó la copia de la demanda y sus anexos para la notificación al agente del Ministerio Público, lo cual es exigido por la ley, resultando procedente del artículo octavo de la citada norma”.

Con ello se le otorgaron 10 días al demandante para corregir la acción judicial y presentarla nuevamente.

Ya en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, desestimó los argumentos de la defensa del senador Gustavo Petro, en el marco del caso donde el exalcalde de Bogotá pedía medidas provisionales para la protección de sus derechos, ante el riesgo de perder su asiento en el Congreso de la República.

Petro Urrego solictó las medidas cautelares ante el organismo internacional, luego que la Contraloría le impusiera multas por más de 217 mil millones de pesos, por el polémico cambio al esquema de aseo en Bogotá, además de los cambios de tarifas, en hora valle y hora pico, en Trasnmilenio y el SITP durante su alcaldía.

La multimillonaria sanción, generó todo un debate jurídico en el país sobre si esta responsabilidad fiscal puede constituir una inhabilidad para ocupar cargos públicos, como su actual curul de senador, razón por la cual la defensa de Petro arguyó que su investidura estaba en riesgo, situación que se agravó en octubre del 2018, cuando la Corte Constitucional ratificó que estar en deuda con el Estado sí es una causal de inhabilidad.

Al ver en riesgo su curul como senador, los abogados de Gustavo Petro pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, en el marco del proceso de la demanda que entabló el excandidato presidencial de la Colombia Humana contra el Estado, por la destitución que dictó en su contra el entonces procurador Alejandro Ordoñez, y por las multas que le impuso la Contraloría.