En marzo de 2018, el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, había interpuesto una denuncia contra los representantes legales de Uber Colombia, Cabify Colombia y Cabify Transportes, por el posible delito de usurpación y abuso de funciones públicas, por la conducta tipificada en el artículo 425 del Código Penal.
Dado que actualmente se está prestando el servicio ilegal de transporte de pasajeros utilizando motocicletas y se fijan tarifas a través de aplicaciones tecnológicas, la SDM solicitó ante el Fiscal 216 de Delitos contra la Administración Pública, la ampliación de la denuncia contra el representante legal o quien haga sus veces, de la aplicación Picap, y de todas las personas jurídicas que a través de sus representantes legales, o quien haga sus veces, se encuentren usurpando funciones al fijar tarifas de servicios públicos de transporte de pasajeros, que se estén prestando el servicio a través de plataformas.
“Tal como lo expresamos en la denuncia presentada en principio, la facultad de fijar tarifas para el servicio público está en cabeza de los alcaldes. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, NO ha delegado en ningún particular esta función”, señaló el Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
Así mismo reiteró que los controles que realizan las autoridades del Distrito contra la ilegalidad en el transporte de pasajeros van encaminados a cuidar la seguridad vial de los diferentes actores de la movilidad en la ciudad, toda vez que estas empresas no privilegian la vida de los bogotanos en las vías.
A la denuncia del Distrito se sumó la acción popular y demanda instaurada por el Ministerio de Transporte contra la Sociedad Picap Inc., por prestación ilegal de servicio público en vehículos de dos ruedas, argumentando además que la prestación de este servicio representa un inminente riesgo que compromete la vida de los usuarios. Esta acción fue presentada ante la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
