La Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, abrió investigación y formuló cargos contra las empresas Servientrega S.A, Transportadora Mercantil del Valle Ltda., Lamkarga Ltda., Compañía Nacional de Carga, y Cotranscopetrol S.A.S., por presuntamente infringir la prohibición de contratar la prestación del servicio o expedir manifiestos de carga a vehículos que presentan omisiones en las condiciones establecidas en la normativa vigente al momento de su registro inicial.

La contratación o expedición de manifiestos de carga a vehículos mal matriculados está prohibida en la normatividad vigente. No obstante, la SuperTransporte pudo establecer que las empresas mencionadas expidieron manifiestos electrónicos de carga a esos vehículos mal matriculados, incluso con posterioridad a que el Ministerio de Transporte publicó el Primer Reporte de Vehículos de Carga Mal Matriculados en noviembre de 2018. Ese reporte, a su turno, se basó en información reportada por los diferentes Organismos de Tránsito del país.

La contratación con vehículos mal matriculados afecta la legalidad, la formalización y el emprendimiento en el sector transporte. En caso de encontrarse responsables a las empresas mencionadas, las multas para cada cargo podrán ser hasta por 700 salarios mínimos mensuales vigentes.

A ese respecto, en febrero de 2019 la SuperTransporte realizó un llamado a todos los gremios de generadores de carga y de empresas de transporte, para que estos se encarguen de recordar a sus miembros el deber de no contratar con vehículos mal matriculados.

Terceros interesados:

De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, así como lo señalado en la Resolución de apertura, las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado en la actuación.

La Superintendencia de Transporte vigila, inspecciona y controla las empresas prestadoras de transporte terrestre de carga, con el propósito de velar por la calidad y legalidad del servicio.