–El gobierno de los Estados Unidos anunció este martes la inclusión en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a la Empresa Minera Venezolana, Minerven, empresa estatal de minería de metales ferrosos, por saquear el oro venezolano para “apuntalar el círculo interno del corrupto régimen de Maduro”, además de causar estragos en el ecosistema y poner en peligro a los pueblos indígenas.

Al hacer el anuncio, el Tesoro de EE.UU advierte: “Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”.

En el comunicado, el gobierno estadounidense señala al presidente de la compañía Adrián Antonio Perdomo Mata, como promotor de “las operaciones de oro ilícitas que han continuado para apuntalar el régimen ilegítimo del ex presidente Nicolas Maduro”.

Añade que la acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850, está dirigida a una entidad y un individuo que operan en el sector del oro de la economía venezolana.

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat”, precisa el documento.

“El plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

El documento hace luego la siguiente reseña:

Maduro y los miembros del régimen se volvieron hacia la extracción de oro mientras buscaban nuevos medios para enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin la aprobación de la Asamblea Nacional, y sin considerar el medio ambiente y las comunidades locales, Maduro se otorgó amplias autoridades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace años. La minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el Eército venezolano, que, a su vez, concede acceso de forma corrupta a las organizaciones criminales.

Estos mineros y sus comunidades están expuestos a abusos ambientales, como elementos tóxicos peligrosos, como el mercurio. Se utilizan en el proceso minero. Además, los delitos violentos, incluidos los homicidios, se han vuelto cada vez más frecuentes en estas comunidades mineras.

El impacto del auge de la minería ilegal bajo el régimen de Maduro ha sido criticado por la sociedad civil y los grupos ambientales por eludir las evaluaciones de impacto ambiental y los estudios de impacto cultural. Las operaciones mineras están invadiendo áreas protegidas, causando deforestación y pérdida de hábitat. Las actividades relacionadas con la minería también han producido condiciones ideales de reproducción para los mosquitos portadores de enfermedades. Los casos de malaria en Venezuela están en aumento, con un número significativo de casos en los estados mineros de oro.

Como el único procesador estatal de oro en Venezuela, Minerven compra oro a los mineros y lo funde en barras. El ejército luego transporta las barras de oro a las bases aéreas fuera de Caracas, para su posterior transporte al Banco Central de Venezuela.

Desde 2016, el régimen de Maduro compró el equivalente a cientos de millones de dólares en oro de pequeños mineros independientes, pagando a los mineros en bolívares venezolanos, incluso cuando Venezuela está experimentando una hiperinflación como resultado de una gestión económica extrema.

Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir su moneda depreciada en oro y otras monedas extranjeras, pagando a los mineros en bolívares casi sin valor, mientras que permite que el régimen de Maduro se afiance en el poder. Las ganancias generadas por la minería ilegal dirigida por Maduro son codiciadas por los militares venezolanos, a quien Maduro concede acceso liberal a las minas.

Esto favorece la capacidad de Maduro para mantener el poder sobre los militares, ya que su deseo de proteger este ingreso ilícito refuerza la lealtad firme de los militares a Maduro.

Aun cuando el presidente interino venezolano, Juan Guaidó, fue reconocido por los Estados Unidos y sobre otros 50 países como la autoridad legítima en Venezuela, Maduro no ha querido renunciar al control de la industria minera del oro ni a sus intereses financieros en este comercio ilícito.

Por ello se ha determinado la siguiente entidad y persona designada hoy para operar en el sector del oro de la economía venezolana:

Minerven tiene su sede en El Callao, Bolívar, Venezuela. Minerven es propiedad del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería del Gobierno de Venezuela, y se creó con el propósito de extraer y comercializar minerales de metales no ferrosos, como el oro.

Adrian Antonio Perdomo Mata fue nombrado presidente de Minerven en julio de 2018.

Para obtener información sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y personal de primera línea para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte los avisos de FinCEN FIN-2017-A006 “Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela”, y FIN-2017-A003 , “Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes raíces”.

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad e individuo, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de esta entidad e individuo, que se encuentren en los Estados Unidos o en el la posesión o el control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que la eliminación de las sanciones está disponible para las personas designadas bajo la EO 13692 o la EO 13850, ambas enmendadas, que toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se manifiestan en contra los abusos cometidos por el régimen de maduro, y combatir la corrupción en venezuela.