La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles un rápido acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso colombiano para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empiece a funcionar, conforme lo estableció el acuerdo de paz con las Farc.

“Dos años después de la firma del acuerdo de paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral”, declaró la alta comisionada en la presentación de los informes de su oficina acerca de una serie de países ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

La ley estatutaria de la JEP ha vuelto al Congreso porque Duque considera que los artículos objetados no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición amparados en el acuerdo de paz.

Al respecto, Bachelet pidió una “decisión rápida” por parte de los poderes del Estado para que el JEP pueda operar “de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas”.

Además, Bachelet dijo que resultan preocupantes “algunos aspectos de la nueva Política de Seguridad” de Colombia, en particular los relativos al aumento del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la creación de una red de participación cívica para reforzar la seguridad.

Por otra parte, la alta comisionada dijo que su oficina recibió, hasta el pasado 8 de marzo, información sobre 27 asesinatos de defensores de los derechos humanos desde inicios de 2019, mientras que en 2018 hubo 110 casos, de los que una cuarta parte correspondieron a indígenas y afrocolombianos.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc-EP era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales”, explicó.

Varios activistas fueron asesinados justamente por su apoyo a elementos del acuerdo de paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

En la réplica de Colombia a lo expuesto por Bachelet, la embajadora de este país ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, reconoció que la transición hacia la estabilidad y la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio colombiano “ha coincidido con más ataques y amenazas contra los líderes sociales”.

Sostuvo que la causa principal es el control que ejercen sobre esas áreas economías ilegales.

Acerca de los comentarios de Bachelet sobre la implementación del acuerdo de paz, la representante colombiana recordó que corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas hacer el seguimiento y emitir recomendaciones a ese respecto.

La semana pasada el canciller Carlos Holmes Trujillo calificó de contradictoria la posición fijada por el secretario General de la ONU Antonio Guterres y el representante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Alberto Brunori, quien instó al gobierno a sancionar, sin dilaciones, el proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

En su cuenta en Twitter, Holmes TrujilloEl Canciller afirmó que las palabras de Brunori “se apartan de la conversación que tuvimos con el secretario general de la ONU”, Antonio Guterres, en referencia al encuentro del pasado martes en Nueva York.

El pasado martes, el Canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió en Nueva York con António Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, para explicarle en detalle la decisión tomada recientemente por el Presidente Iván Duque de objetar 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tras el encuentro, Homes Trujillo informó que Guterres atendió a su explicación con particular atención y gran interés.

De otro lado, el canciller colombiano se entrevistó este viernes en La Haya con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatua Bensouda, e informó que todas las explicaciones sobre los motivos que tuvo el presidente Iván Duque para objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, fueron “bien recibidas” por la funcionaria.