La Corporación Transparencia por Colombia capacitó a los interlocutores de las 36 entidades que serán evaluadas en la segunda medición del Índice de Transparencia de Bogotá ITB 2018-2019 cuya meta fijada en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” para este año es aumentar en cinco puntos la calificación promedio del ITB que en 2018 fue de 68,7 puntos sobre 100.

En el taller de interlocutores, la Corporación Transparencia por Colombia dio a conocer la metodología de evaluación, la batería de indicadores (visibilidad, Institucionalidad y control y sanción), las instrucciones para diligenciar el formulario de recolección de información, el cronograma de trabajo y las reglas de la etapa de réplica.

Los líderes de la alianza conformada por la Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia por Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación para el Progreso de la Región Capital (ProBogotá Región) coincidieron en destacar que la importancia de la continuidad de esta herramienta que evalúa los riesgos de corrupción en los procesos de gestión administrativa, es que contribuye a la consolidación de un gobierno eficaz, abierto y colaborativo en el que el creciente uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y la garantía de acceso a la información pública sean los instrumentos para empoderar y generar confianza en los ciudadanos.

“Lo que empezamos a hacer hoy con las entidades genera una dinámica de trabajo a la cual le vamos a dar continuidad en la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No tolerancia a la Corrupción que tiene una vigencia de 10 años y que debe transformar la manera como se lucha contra la corrupción en la ciudad”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

El director Ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, explicó que con el taller se inicia el trabajo que arrojará a finales del 2019 un nuevo panorama de los riesgos de corrupción de Bogotá. “Esperamos que sea un ejercicio juicioso, objetivo y muy productivo para que podamos avanzar en la identificación de estos riesgos y en las medidas que tenemos que seguir desarrollando para cerrarlos y para evitar que la corrupción pueda afectar la institucionalidad de nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, la directora de gestión Pública de la Cámara de Comercio de Bogotá, Patricia González, destacó que al convertirse Bogotá en una ciudad innovadora en el tema de la medición de la transparencia, el sector privado continúa apoyando la continuidad del proceso para que con éste se siga liderando la competitividad de la capital del país.

Al evaluar la jornada, los interlocutores afirmaron que con esta capacitación se sienten bien preparados para cumplir con oportunidad y a cabalidad con los requisitos de la información que deben suministrar para demostrar los avances para mitigar la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales asociadas al proceso de gestión administrativa.

“Conocimos el cronograma y profundizamos en la metodología y en las buenas prácticas para que la información que se envié por cada una de las entidades sea lo más confiable y completa posible”, manifestó Andrés Chaparro, interlocutor de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Viviana Monroy, interlocutora del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, resaltó la utilidad del taller y destacó que se hayan acogido las recomendaciones que hicieron las entidades públicas, en su momento, relacionadas con los resultados de la primera medición del Índice.

“El taller fue muy interesante porque tenemos la metodología clara este año para poder tener un mayor puntaje en la calificación y destaco el hecho que se incluyeron muchas mejoras relacionadas con el proceso de calificación del año pasado. En ese momento nos vamos con una ruta clara de cómo inicia, cómo es el proceso y al final cómo son las réplicas”, destacó.

Este año serán evaluadas 15 secretarías, dos departamentos administrativos, cuatro unidades administrativas especiales, 11 entidades adscritas, tres órganos de control y una corporación pública administrativa.