–El régimen de Nicolá Maduro reaccionó contra la decisión del gobierno colombiano de expulsar del país a un coronel de la Guardia Venezolana, junto con dos mujeres, tras habersele hallado en su poder 18 pasaportes, 70 millones de pesos y mas de 22 mil dólares.

Según el régimen de Maduro, los tres venezolanos son funcionarios de la cancillería venezolana y fueron detenidos arbitrariamente por parte de las autoridades migratorias colombianas del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En un comunicado de la cancillería del régimen venezolano, acusa al gobierno colombiano de violar los derechos humanos de los tres funcionarios y “transmite la más firma protesta por la arremetida lanzada por las autoridades colombianas contra los funcionarios venezolanos y exige a Colombia la devolución inmediata e incondicional de los bienes confiscados, reservándose las medidas a aplicar en reciprocidad dentro y fuera del territorio venezolano”.

Los siguientes son los términos del comunicado del régimen de Maduro:

Venezuela condena violación de DDHH a tres funcionarios de la Cancillería venezolana en Colombia

La República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente la violación de los derechos humanos a tres funcionarios de la Cancillería venezolana, quienes el día de ayer, 24 de marzo de 2019, fueron objeto de detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, República de Colombia.

Asimismo, en dicho procedimiento tuvo lugar la confiscación de fondos procedentes de la Renta Consular, de pasaportes pertenecientes al Estado Venezolano y hasta de los teléfonos celulares personales de los referidos servidores públicos.

Desde hace más de un año, el Gobierno de Colombia bloqueó las cuentas de la Embajada de Venezuela en Bogotá, así como de los consulados de Venezuela en dicho país, con el expreso propósito de entorpecer su normal funcionamiento, en abierta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

De esta manera, la imposibilidad de funcionar con normalidad en el marco del sistema financiero colombiano trajo como consecuencia una paulatina acumulación de compromisos de pago de sueldos, alquileres, facturas de servicios y de suministro de insumos, generando incluso reclamos de los propios empleados colombianos ante su Cancillería, por tan inexplicable conducta de las autoridades de Colombia, mediante carta remitida el pasado 10 de agosto de 2018.

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, una comisión de funcionarios de la Cancillería venezolana fue designada para trasladarse hasta Colombia y adelantar los arreglos necesarios para atender los compromisos económicos existentes, visitando las sedes del Consulado venezolano en Cartagena y de la Embajada en Bogotá, logrando honrar responsablemente los pagos pendientes.

Cuando los miembros de la comisión se disponían a abandonar el territorio colombiano, una vez cumplida con éxito la misión, ocurrió la detención ilegal de los funcionarios y el decomiso de los bienes sensibles que la comisión dispuso llevar consigo de vuelta a Venezuela para su protección, en virtud de los recientes intentos de ocupación forzosa de la sede de la Embajada venezolana en Bogotá con la anuencia irresponsable del Gobierno de Colombia.

En consecuencia, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela transmite la más firma protesta por la arremetida lanzada por las autoridades colombianas contra los funcionarios venezolanos y exige a Colombia la devolución inmediata e incondicional de los bienes confiscados, reservándose las medidas a aplicar en reciprocidad dentro y fuera del territorio venezolano