Captura de video

Para garantizar la efectiva judicialización de las acciones que se presentaron con ocasión del conflicto armado en Colombia y su no repetición, la Fiscalía General de la Nación tenía como mandato legal entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informes sobre todas las investigaciones en curso y las que llegaron a etapa de juicio que vinculan a los distintos actores.

Para este propósito fue conformado un equipo especial de aproximadamente 200 profesionales al interior de la Fiscalía General de la Nación de varias direcciones, (Dirección de Políticas Públicas y Estrategia, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada y de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos), que verificaron, revisaron y agruparon durante casi tres (3) años los procesos que la Fiscalía abrió desde su creación contra exintegrantes de las desmovilizadas Farc-EP, agentes del Estado y otras personas que hicieron parte o auxiliaron ilegalmente a las estructuras ilegales.

Desde comienzos de la estrategia fueron previstos 17 informes con temáticas distintas y los parámetros exigidos en el Acuerdo de Paz.

En los últimos diez (10) meses, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y la Vicefiscal General, María Paulina Riveros, entregaron once (11) de los informes previstos, a saber:

Inventario del conflicto armado interno
Retención Ilegal de personas por parte de las Farc-EP.
Victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado.
Vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc-EP.
Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Violencia basada en género cometida por las Farc-EP.
Violencia basada en género cometida por agentes del Estado.
Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de las Farc-EP.
Retención y ocultamiento permanente de personas por parte de agentes del Estado.
Fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-EP.
Victimización a líderes y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Hoy, el Fiscal y la Vicefiscal ponen a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz los últimos seis (6) informes, de tal manera que la Fiscalía cumple con su compromiso y reafirma su aporte decidido al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, como quiera que se trata de los insumos necesarios para que la misma pueda cumplir con los postulados de justicia y resarcimiento a las víctimas.

Los nuevos informes son:

Movilización forzada por parte de las Farc – EP.
Movilización forzada por parte de agentes del Estado.
Medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las Farc – EP.
Muertes grupales y selectivas cometidas por las Farc- EP
Muertes grupales cometidas por agentes del Estado
Vínculos entre las Farc-EP e integrantes de las Fuerza Pública

Movilización forzada por parte de las Farc –EP.
Este documento detalla las formas violentas a las que habrían recurrido las Farc-EP para forzar a la población civil a movilizarse y lograr su objetivo ilegal de apropiarse de tierras y ejercer control social sobre las comunidades.

El primer caso se registró 1964, en Ortega (Tolima), pero tan solo hasta el año 2016 fue puesto en conocimiento del ente investigador, es decir, cincuenta y dos (52) años después. El último hecho reportado tuvo lugar en Piamonte (Cauca), en 2016.

En las investigaciones asumidas por la Fiscalía hay referenciados treinta mil ciento cinco (30.105) casos que dejaron un saldo de treinta y ocho mil ciento veinticinco (38.125) víctimas entre 1990 y 2008. De las personas afectadas, diecinueve mil setecientos ochenta y seis (19.786) fueron mujeres mientras que diecisiete mil ochocientos sesenta y uno (17.861) fueron hombres. El 20% de las víctimas, siete mil setecientos veintinueve (7.729), fueron menores de edad.

El 71 % de las movilizaciones forzadas conocidas por la Fiscalía está concentrado en diez (10) departamentos: Antioquia, Meta, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Guaviare, Putumayo y Santander.

Movilización forzada por parte de agentes del Estado.
Este informe recopila las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre la movilización forzada a la que fue sometida la población civil entre 1981 y 2016 por parte de agentes del Estado.

Con los elementos materiales probatorios recaudados, los investigadores no identificaron un patrón específico por unidades militares o de policía, y establecieron que sus actuaciones están relacionadas con circunstancias del conflicto por operaciones y presencia de las tropas en lugares específicos del país o connivencia con los entonces grupos de autodefensas.

Estos hechos motivaron la apertura de doscientos veintinueve (229) investigaciones por el delito de movilización forzada, que dejaron cuatro mil novecientas ochenta y dos (4.982) víctimas y comunidades enteras.

Los registros muestran que el fenómeno se presentó en ciento quince (115) municipios del país. Los departamentos con mayor número de registros son: Antioquia (37%), Chocó (11%) y Meta (9%). Las investigaciones abiertas por la Fiscalía involucran a trescientas dieciocho (318) personas. De estas, sesenta y ocho (68) son agentes del Estado y doscientos veinticuatro (224) hacían parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML).

Medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las Farc –EP.
Desde 1964 hasta la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional, en 2016, las Farc-EP utilizaron variados métodos de guerra con los que causaron graves violaciones a los Derechos Humanos y dejaron secuelas irreparables en la población civil, la fuerza pública y el medio ambiente. Gracias al material probatorio recaudado, la Fiscalía abrió nueve mil ciento cincuenta y siete (9.157) investigaciones atribuibles a las Farc-EP por delitos asociados con medios ilícitos de confrontación.

La mayoría de investigaciones que involucran a las desmovilizadas Farc por uso de métodos ilícitos de guerra está concentrada en diez (10) departamentos: Meta (22,2%), Antioquia (13,0%), Cauca (7,3%), Arauca (6,0%), Valle del Cauca (5,9%), Norte de Santander (4.6%), Putumayo (4.6%), Cundinamarca (4.5%), Tolima (3.6%) y Caquetá (3.5%).

Muertes grupales y selectivas cometidas por agentes del Estado
Otro de los ejes de investigación sobre muertes grupales con ocasión del conflicto armado vincula a agentes del Estado. Al respecto, la Fiscalía recopiló información de doscientos sesenta y un (261) casos y dos mil doscientas treinta y cinco (2.235) víctimas, entre 1985 y 2008. El 54,8% de las personas afectadas se encuentra en los departamentos de Antioquia (30.8%), Cesar (6.8%), Meta (6.5%), Chocó (6.5%) y Cauca (5.0%).

Los hombres representan el 88,3% de las víctimas, la mayoría campesinos y comerciantes. Por muertes grupales fueron vinculados dos mil quinientos cuarenta y ocho (2.548) agentes del Estado, mil cuatrocientos veinticuatro (1.424) del Ejército Nacional, ciento sesenta y tres (163) de la Policía Nacional, veintiocho (28) de la Armada Nacional, nueve (9) del extinto DAS y seis (6) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Otros setecientos setenta y siete (777) procesados pertenecían a los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), y habrían participado en los crímenes en connivencia con agentes estatales.

Muertes grupales y selectivas cometidas por las Farc- Ep
En los expedientes de la Fiscalía sobresalen las muertes grupales y selectivas, una práctica criminal que habría sido puesta en marcha por las Farc – EP para ejercer control ilegal sobre las poblaciones. El primer caso documentado judicialmente ocurrió en Dolores (Tolima) en 1952. De acuerdo con testimonios de pobladores, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo” habría atentado contra dos (2) campesinos porque pertenecían al Partido Conservador.

Hasta agosto de 2018, los fiscales de conocimiento abrieron treinta y cuatro mil seiscientos una (34.601) investigaciones tipificadas como homicidios o muertes grupales y selectivas que vincularían a las Farc – EP. Los procesos están concentrados en los departamentos de: Antioquia (20.5%), Caquetá (7.7%), Meta (7.2%), Tolima (5.9%), Putumayo (5.7%) y Cundinamarca (5.5%). Las muertes sirvieron para: i) obtener recursos de financiación; ii) intimidar a la población; e iii) imponer ideologías políticas.

Vínculos entre las Farc- EP e integrantes de las Fuerza Pública.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía con base en las pruebas recaudadas permiten plantear la hipótesis de que las alianzas entre las Farc-EP y la Fuerza Pública fueron de carácter aislado, es decir que: (i) el fenómeno no se desarrolló sistemáticamente como producto de una política establecida por el grupo armado; o (ii) se trata de un problema de subregistro.

Por esta línea de indagación solo fueron abiertos once (11) procesos entre 1999 y 2014, en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo.

La baja judicialización de estas investigaciones puede obedecer a las siguientes razones: (i) la Ley 975 de 2005 no ofreció un escenario procesal idóneo para tramitar las denuncias contra miembros de la Fuerza Pública; y (ii) existen dificultades para la obtención de pruebas que permitan evidenciar los vínculos entre las Farc-EP y la Fuerza Pública debido a la naturaleza clandestina de estas asociaciones.

Balance de informes

La Fiscalía General de la Nación elaboró, en total, diecisiete (17) informes mediante los cuales presentó una caracterización de los delitos cometidos en el conflicto armado interno. Todos estos informes, que tienen una extensión de tres mil trescientas cincuenta y cuatro (3.354) páginas, fueron entregados a la JEP entre mayo de 2018 y marzo de 2019.

La importancia de este esfuerzo institucional se materializa en que, a la fecha, la Fiscalía General de la Nación ha sido la única entidad pública que ha entregado la totalidad de los informes para la JEP ordenados por el literal B del numeral 48 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final, en el cual se señala que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP deberá “[r]ecibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio”.

Los informes se estructuraron en secciones que incluyen un resumen ejecutivo, una introducción, un apartado de consideraciones metodológicas y varios capítulos en los cuales se desarrolla en detalle la hipótesis fáctica y judicial de cada texto.

El total de los informes descriptivos dan cuenta de 103.224 investigaciones distribuidas así: 14.038 adelantadas bajo la Ley 600 de 2000 (13,5%); 18.211 bajo la Ley 906 de 2004 (17,6%); y 65.283 bajo la Ley 975 de 2005 (63,2%). En el marco de estas investigaciones se registran ochenta y cuatro mil setecientas veintitrés (84.723) víctimas y cincuenta mil quinientos cuarenta y dos mil (50.542) procesados.

Con relación a los informes relativos a conductas delictivas cometidas por las Farc-EP, se registran noventa y nueve mil ciento catorce (99.114) investigaciones en la Fiscalía. De estas investigaciones, once mil ciento veintiocho (11.128) son tramitadas bajo la Ley 600 de 2000 (11,22%); diecisiete mil doce (17.012) bajo la Ley 906 de 2004 (11,22%); y sesenta y cinco mil doscientas ochenta y dos (65.282) bajo la Ley 975 de 2005 (65,86%). Adicionalmente se cuenta con información de setenta y dos mil ciento cuarenta y seis (72.146) víctimas registradas de las Farc-EP, de las cuales el 35,62% son mujeres y el 48.23% son hombres. Por estos hechos se registran en la Fiscalía General de la Nación treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho (38.878) personas procesadas. Los informes también dan cuenta de que los departamentos más afectados por las acciones de la antigua guerrilla son Antioquia y Meta y que la mayoría de acciones criminales cometidas por las Farc-EP se concentraron entre los años 1998 y 2002.

Con relación a los informes relativos a las conductas delictivas cometidas por agentes del Estado, la Fiscalía General de la Nación cuenta con cuatro mil ciento diez (4.110) investigaciones que se surten así: dos mil novecientas diez (2.910) bajo la Ley 600 de 2000 (70%); mil ciento noventa y nueve (1.199) bajo la Ley 906 de 2004; y una (1) bajo la Ley 975 de 2005. El número de víctimas de agentes del Estado en el marco del conflicto armado es de doce mil quinientas setenta y siete (12.577), de las cuales el 25.46% son mujeres y el 56.18% son hombres. Por estos hechos se registran en la Fiscalía General de la Nación once mil seiscientos sesenta y cuatro (11.664) personas procesadas. Los informes también dan cuenta de que los departamentos más afectados por las acciones cometidas por agentes del Estado son Antioquia, Meta y Cesar.

Además de la elaboración de informes, la Fiscalía General de la Nación ha cubierto otros frentes de colaboración interinstitucional, especialmente en lo relacionado con el acceso a información. Es así como, hasta el 26 de marzo de 2019, la FGN ha atendido cuatrocientas veintisiete (427) solicitudes de información de la JEP, relativas a mil ciento cincuenta y nueve (1.159) personas. Además, entre octubre de 2018 y marzo de 2019 ha coordinado al menos treinta y cinco (35) inspecciones a expedientes. Adicionalmente, desde la primera entrega de información realizada en mayo de 2018, ha actualizado en tres (3) ocasiones el inventario de casos del conflicto armado.