Reunirse con la bancada alternativa, entre ellas, la FARC, con el propósito de auscultar la posibilidad de lograr un gran acuerdo nacional alrededor de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP fue una de las decisiones adoptadas en la primera reunión de la comisión accidental designada para estudiarlas.

En este primer encuentro, dicha comisión convino reunirse nuevamente el próximo 9 de abril, a la vez que se socializaron dos artículos de las objeciones, que según miembros de ese grupo de trabajo, “merecen la mayor atención”.

La senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, una de las integrantes de la citada comisión dijo: “Ojalá los partidarios del Acuerdo de La Habana entiendan que le va mejor al país con un gran acuerdo nacional, que con unos acuerdos donde medio país no se siente conforme”.

“Es importante que narcotraficantes no se metan a las listas para ser juzgados por la JEP, para impedir que los podamos extraditar. Por eso el gobierno tiene que tener un control previo de esas listas para que no vayan a entrar esos criminales”, agregó la congresista.

Respecto la otra objeción que, según la legisladora, requiere especial atención tiene que ver con lo siguiente: “Las Farc prometieron 900 mil millones de pesos para reparar a las víctimas y han entregado solo 24 mil. Si ellos no hacen eso, nos toca a los colombianos de nuestro propio bolsillo, con más impuestos”.

Por la misma línea están los senadores Jonathan Tamayo, del movimiento MAIS, y John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres. Para el primer legislador lo clave durante estos 10 días son las reuniones con el partido Farc y los diferentes sectores políticos. “Estamos buscando una justicia que de confianza”.

Algo similar considera el congresista Rodríguez, quien sostiene que es importante llegar a un gran acuerdo nacional, “ya que no podemos seguir en el sí o en el no. El país necesita un acto de grandeza y no se puede permitir que la JEP represente menos de la mitad de los ciudadanos de Colombia. Es una oportunidad para que nos represente a todos”.

Quienes no parecen ceder mucho en este acuerdo que quieren lograr las bancadas que respaldan al Gobierno son los senadores Alberto Castilla, del Polo Democrático, e Iván Marulanda, de Alianza Verde.

Para el congresista Castilla, el Congreso no tiene competencias para revisar las objeciones. “Acogemos lo que ha dicho la Corte Constitucional que tiene la última palabra. Nuestra lectura es que las objeciones son constitucionales y han sido presentadas como de inconveniencia”.

Una declaración similar dio el legislador Marulanda. “Siempre hemos apoyado el Acuerdo de Paz y a la JEP, que debe quedar como ya lo publicó la Corte para la sanción presidencial”.

El próximo 9 de abril se conocerán las posiciones en la comisión accidental y en caso de que no se llegue a un acuerdo, en la plenaria del Senado se socializarán dos informes. Uno de la bancada que apoya al Gobierno y otro de las bancadas alternativas.