Con más inquietudes que respuestas y la molestia por la inasistencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se desarrolló en la Comisión Quinta un debate de control político a la actual situación de la Empresa de Energía Electricaribe.

Para el senador Jorge Robledo la mayor preocupación se centra en el valor previo de la venta de la empresa, como lo ha anunciado el gobierno nacional y la deuda pensional. “Este es un debate con muchas cifras, cuánto debe ser el precio de venta, cuánto en efectivo o la van a pagar a crédito y a qué plazo. Los $7 billones que hay que invertir en dos años, el inversionista lo va a poner en créditos o con sus recursos y cuánto van a aportar el alza de las tarifas en las inversiones que se van a hacer. Estas son algunas de mis inquietudes”, puntualizó el senador del Polo Democrático.

El senador y presidente de la Comisión, José David Name, dijo que es necesario conocer las pérdidas mensuales de Electricaribe discriminadas; por su parte el senador Carlos Felipe Mejía indagó por las inversiones del Estado y los subsidios girados a Electricaribe y que según terminaron en manos de los corruptos, “quién va a asumir la deuda de Electricaribe, que ha sido intervenida pero no expropiada”, cuestionó.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Sandra Ortiz, quien aseguró: “Estamos luchando para que la Superintendencia nos dé respuestas frente a hechos de corrupción. Quién responde por todos los daños causados, de los $160 mil millones que se entregaron en la intervención. Quién está haciendo el control de estos recursos”.

Entre tanto, la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis, recordó que las acciones de Electricaribe disminuyeron pensando en una recapitalización, y se cuestionó “cómo puede una empresa quebrada recapitalizar todos los años perdidos, siendo que el Ministerio de Hacienda hace parte de la Junta Directiva y era socio a la vez, cómo pudo suceder eso”.

Según la senadora Maritza Martínez, a los colombianos les preocupa los costos de corrupción, cubrirle la espalda a una empresa extranjera que ha tenido pérdidas. “No es falta de solidaridad, el país ha demostrado voluntad, pero queremos pedirles mayor eficiencia a los órganos de control, al sistema judicial y al Gobierno para que avancemos en las investigaciones para que paguen los culpables de esta debacle”.

El gobierno responde

A su turno, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, manifestó que desde hace ocho meses que llegaron a Electricaribe detectaron que los déficits de caja de la compañía eran más profundos de lo que creían. “Desde que llegamos estamos buscando una solución definitiva. No había un plazo claro, la compañía se quedó durante un tiempo en la incertidumbre y se evidenció un deterioro progresivo en todos los indicadores, cobro de cartera, pérdida de red, el promedio de inversiones en mínimo, pocas inversiones, mal servicio y poco pago”.

La funcionaria reveló que al cierre del 2018 se detectó un déficit acumulado de $1.4 billones. “Tenemos una obligación constitucional de asegurar la prestación del servicio, la empresa está en liquidación y hay que hacer una intervención para que el servicio se siga prestando, para lo cual se necesitan $7.1 billones para los próximos 10 años”.

Anunció la jefa de la cartera de Minas, que cuando se venda la empresa lo primero que se va a pagar es la deuda con los trabajadores, el pasivo pensional lo va a asumir el Estado y lo que quedé será para pagarle a los acreedores del sector financiero.

Según la agente interventora, Ángela Patricia Rojas, las pérdidas de Electricaribe ascienden a $1.4 billones anuales y unas pérdidas acumuladas de 7 billones. Explicó que a la fecha se ha hecho una revisión de los contratos, se fusionaron cargos para reducir el área administrativa, con lo que se pudo ahorrar $2 mil millones.

“Gracias a la planificación de la empresa se ha logrado a la fecha estar al día con los pagos a los integrales a marzo. Solo estamos debiendo facturación que se hizo para abril y se vence la semana entrante”, sostuvo la agente Rojas.

En representación de la Superintendencia de Servicios Público intervino Andrés Bitar, quien aseguró que “si en este año lo se hacen inversiones que necesita la empresa, va a seguir deteriorándose y no va a ser atractiva para los compradores”.

Así mismo reveló que la propuesta de aumentar cuatro pesos en la tarifa para los estratos 4,5 y 6 que viene en el Plan Nacional de Desarrollo, no sólo es para sanear a Electricaribe, sino a cerca de 16 empresa más de todo el país.

Conclusiones

Para el senador Jorge Robledo este es un desastre que viene de tres administraciones atrás, Andrés Pastrana, pasando por los dos gobiernos de Álvaro Uribe y los otros dos de Juan Manuel Santos. “Cuánto sufrimiento han tenido que padecer los habitantes de la Costa Caribe. Además, nos dejaron una demanda en un tribunal internacional de arbitramiento por mil $600 millones, que si la perdemos la tenemos que pagar todos los colombianos”.

“Este es el producto de unas privatizaciones irresponsables, que empezaron desde el gobierno de César Gaviria. El estado tuvo que intervenir la empresa porque ya no había más solución, no había que esperar a que los apagones fueran indefinidos”, afirmó el senador Robledo.

Según el legislador, la pregunta del millón es cuánto van a pagar los compradores por la empresa. “La solución Duque coincide con la de Santos privatizar y privatizar. La primera decisión que se tomó fue la de dividir el mercado. Esto encarece los costos del servicio. Esta es una decisión anti técnica. Y la segunda decisión es que podrán tener los compradores hasta el 35 por ciento del mercado, cuando las reglas ponen un tope de 25 por ciento”.

Para el senador Eduardo Pacheco queda en el limbo la realidad, “si van a vender, una vez vendido con eso se pagan los pasivos y entonces dónde queda la inversión del gobierno”. Anunció su voto negativo a cualquier aumento de las tarifas del servicio de energía.

Al senador Didier Lobo, lo que le queda claro al país, es “que seremos nosotros los usuarios quienes entraremos a subsanar este déficit de $8 billones por donde lo miremos. Hasta el gobierno recuperaría las inversiones que se están haciendo”.

Finalmente, el senador José David Name expresó que quedó mucho más preocupado con las respuestas del gobierno, por cuanto financieramente y económicamente Electricaribe no es viable,

“Si llegamos a pagar los pasivos pensionales después de lo que se venda, lo que quedaría es un milagro. Lo único que se le va a transferir a la nueva empresa son cosas buenas, los usuarios y las inversiones”.

“Miremos que estamos haciendo con esa gran cantidad de plata que le estamos dando a los generadores hidráulicos, no veo clara la situación de Electricaribe con unas pérdidas tan grandes. Los generadores de energía son unos mafiosos, un cartel, imponen los precios que quieren y Electricaribe tiene que cobrar la energía y la cobra a menos precio a los usuarios”, advirtió el senador Name.

Por su parte, la senadora Daira Gálvis aseguró que “esta propuesta introducida en el PND es un monumento al subsidio de la corrupción, aprovecha la situación en la que se encuentra la Costa Caribe, crea un fondo para que los usuarios vayamos a sanear toda una serie de empresas, no sólo Electricaribe. Ese fondo se nutre de cuatro pesos que representa el aumento de las tarifas para los estratos 4, 5 y 6 y de 1 peso que se le agrega a las empresas como los no regulados”.

“Este Congreso tiene una gran responsabilidad, de devolverle a la Costa Caribe su derecho a tener un buen servicio de energía y de agua”, concluyó la senadora cartagenera.