–El gobierno nacional notificó que respetará el derecho a la protesta, pero de ninguna manera las vías de hecho o de violencia, a propósito de la jornada de marchas en Bogotá y otras ciudades del país que se cumple este jueves y que se hace extensiva a algunas carreteras en desarrollo del paro promovido por las centrales obreras, las comunidades indígenas, los maestros y los estudiantes universitarios.

El motivo de las movilizaciones es el Plan Nacional de Desarrollo que está en trámite en el Congreso de la república.

De hecho, las carreteras que comunican al Chocó están bloqueadas desde principios de la semana por las comunidades indígenas.

En Bogotá están programadas cinco movilizaciones, con salida en tres puntos, así: Parque Nacional (CUT), Universidad Nacional (Estudiantes de Universidades públicas), Centro Administrativo Nacional (Fecode).

Todas las marchas confluirán en la Plaza de Bolívar y para su control, la Policía Metropolitana desplazará más de 3 mil uniformados.

LOS ARGUMENTOS DEL PARO

Las centrales obreras han expuesto así los motivos del paro nacional:

El Plan Nacional de Desarrollo, PND, presentado al Congreso de la República por el Presidente Iván Duque, contiene políticas, reformas y definiciones económicas, que no se corresponden con las necesidades de desarrollo que requiere el país, ni de bienestar de la población colombiana. Su contenido empeora las condiciones de atraso y pobreza existente.

En materia laboral, el PND aboga por la profundización de la flexibilización laboral; pretende legalizar la informalidad, dando un severo golpe al contrato laboral vigente en Colombia y la negociación colectiva;

Incluye el PND una reforma pensional, que básicamente busca fortalecer los fondos privados, debilitar Colpensiones, eliminar la compatibilidad entre pensión de jubilación y por incapacidad laboral; elevar los BEPs a la categoría de pensión y desaparecer el mandato constitucional que prohíbe pensiones inferiores al salario mínimo.

La negociación del Pliego Nacional Estatal no muestra, hasta ahora, una voluntad del gobierno por solucionar los más graves problemas que aquejan a los servidores públicos.

Los constantes ataques contra la paz del país proveniente de los sectores más retardatarios, nos obligan a mantener en alto la defensa de los acuerdos de paz, la solución política y la condena al asesinato de los líderes sociales y la garantía para la protesta social.

Por lo anterior, el Comando Nacional Unitario, convoca a todos los trabajadores del país, a participar activamente en las acciones de movilización y protesta que se programen en las diferentes ciudades del país, para el 25 de abril próximo.

A su turno, la organizacion sindical del magisterio, Fecode, plantea:

Si bien es cierto, que hay un avance en el proceso de negociación FECODE –MEN, con acuerdos en el punto 1,1 y parte del 1.2, aún están pendientes los demás temas; es innegable que el Plan Nacional de Desarrollo, -PND-, en su articulado ahonda aún más los procesos de privatización de la educación púbica y pretende desconocer los acuerdos pactados y las conquistas ganadas en los pliegos de peticiones anteriores.

Así mismo, se mantiene el estado de desatención, inoportunidad, irresponsabilidad, perversidad y de manera indignante con que se atiende la salud del magisterio y sus grupos familiares por parte de los prestadores, la Fiduprevisora y el Gobierno Nacional.

No cesa el señalamiento la estigmatización a los educadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- por parte del partido de gobierno. Se continúa con las amenazas y asesinatos a defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y populares en nuestro País.

Arrecia la pretensión del gobierno en la vía de desconocer la autonomía escolar y la libertad de expresión.

Por su parte, las comunidades indígenas argumentan:

Los Pueblos Indígenas de Colombia, en carta conjunta solicitaron ante las Comisiones tercera y cuarta constitucionales del Congreso de la República el retiro de las proposiciones radicadas por el Senador Ciro Ramírez, y los Representantes a la Cámara Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Erasmo Zuleta del Partido Centro Democrático, mediante las cuales se pretende modificar la Ley 160 de 1994, por cuanto no cuentan con Consulta Previa Libre e Informada, derecho fundamental de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Sitúan en la solicitud que “Nuestro mandato ancestral es la defensa de los territorios, necesarios para la pervivencia física y cultural de nuestras comunidades, muchas de las cuales se encuentran en riesgo de extinción. Este derecho, reconocido por el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 13, 14 y 15, comprende, tanto aquellos de propiedad sobre nuestras tierras de resguardo, como aquellos sobre los territorios que ocupamos o utilizamos de una u otra manera”.

De acuerdo con ello, la Corte Constitucional ha precisado que “la regulación de la propiedad agraria, en la que se encuentran asentadas las comunidades indígenas y tribales es un asunto de especial relevancia para la definición de su identidad.” (Sentencia C-175 de 2009) y que así mismo, “(e)l territorio se encuentra vinculado al concepto de afectación directa y en consecuencia a la aplicación de la consulta previa”, una territorialidad que debe ser determinada a la luz, tanto de un criterio “geográfico, que comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo” como de un criterio del “territorio amplio, que incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales” (Sentencia SU 123 de 2018).

Lo anterior cobra especial relevancia en el marco de una situación como la actual, en donde el Estado se encuentra pendiente de resolver más de novecientas solicitudes de legalización de nuestros territorios y más de dos decenas de solicitudes de protección de nuestros territorios ancestrales, conforme a lo establecido en los decretos 1071 de 2015 y 2333 de 2014, considerando además, que tampoco ha cumplido con su deber de restituir nuestras tierras despojadas en el marco del conflicto armado.

Dado que las proposiciones mencionadas son medidas legislativas que, además, se encuentran en un proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo, y cuya eventual aprobación puede constituirse en una afectación directa del derecho al territorio de los Pueblos Indígenas al modificar la naturaleza de los baldíos y el propósito inicial del Fondo de Tierras, es claro que requieren en su conjunto de la Consulta Previa, Libre e Informada con los titulares del derecho.

Reiteramos la solicitud de retiro de las proposiciones mencionadas en la medida en que son violatorias del derecho a la Consulta Previa y a su vez, son regresivas de los de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la medida en que se desconocen las obligaciones del Gobierno Nacional con los sujetos de reforma agraria y los acuerdos de paz, lo cual conlleva a la generación de conflictos territoriales como consecuencia de las dificultades del acceso a la tierra, establece las condiciones de concentración de la misma y favorece la legalización del despojo.